Carlos Hernández
Pequeños propietarios, dueños de terrenos ubicados en el predio rústico Santa Fe-Playa Norte, del puerto de Veracruz, denunciaron que guardias de los Ruiz les impiden el paso a sus predios sin causa justificada, con el aval del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler.
Un grupo de afectados intentó accesar a sus terrenos pero al llegar al predio de los Ruiz Anitua se toparon con una barricada, con la puerta controlada por un grupo de guardias que solo obedecen orden de los Ruiz, impidiéndoles el paso y tuvieron que llamar al 911 acudiendo una patrulla de la Policía Naval.
Los afectados explicaron que ese es el único paso de servidumbre que tienen 148 pequeños propietarios de casi dos mil hectáreas de la zona pegada al mar, donde la hectárea está valuada en 4 millones 600 mil pesos, por eso la avaricia de los poderosos Ruiz, quienes ahora pretenden quedarse con los terrenos a la mala.
En una denuncia formal promovida por el abogado Rosas, en representación de Ana y María de la Cruz, propietarias de unas 40 hectáreas, indica que sus clientes compraron en 1997 a Carlos Delfín Tiburcio, pero otros propietarios tienen 30 años con sus terrenitos.
En 2005 solicitaron rectificación de la superficie e inscribieron escritura ante el Registro Público de la Propiedad, lo cual quedó firme en febrero de 2006, y desde que compraron han venido detentando la posesión y dominio del predio, además pagando puntual su impuesto predial.
Refieren que a mediados de 2017, Javier Antonio Ruiz Anitua confabulado con su abogado Jorge Winckler, han instrumentado acciones abusivas para apropiarse de la totalidad de los terrenos, argumentando ser dueños desde Río Medio hasta Río Grande.
Una de esas acciones consiste en impedirles el paso a sus terrenos, instalando un retén o caseta de vigilancia con gente armada, vándalos armados con palos, machetes y hasta escopetas, bloqueando lo que se conoce como servidumbre de paso.
Rosas sostiene que cuando sus clientes llegan a la caseta, dos tipos hasta se burlan diciendo que si no les parece que le marquen a Winckler, así lo ordenan sus patrones y él que es su representante legal, además de ser apoderado legal de INTRA.
Consideran que podrían tipificarse delitos de amenazas, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal e incluso despojo, ilícitos imputables en este caso a Jorge Winckler, pero lamentan que sus denuncias no prosperen porque ni modo que el Fiscal General del Estado investigue a sí mismo.