Observador veracruzano
El dinero que aportan los empresarios como concepto del impuesto del tres por ciento a la nómina sería utilizado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz para pagar las deudas que el gobierno actual tiene con proveedores y contratistas.
Esta anomalía podría ocurrir si el Congreso local aprueba la iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, según explica la Secretaría de Finanzas y Planeación en un comunicado.
El recurso del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal iría a parar a dos fideicomisos distintos, uno de ellos regido por un comité presidido por el propio titular de la SEFIPLAN y funcionarios del gabinete estatal.
Así, la iniciativa propone que los recursos del llamado impuesto a la nómina sean enviados primero a un Fideicomiso Irrevocable de Administración de Cuentas Mandatadas (FIAD). El dinero que se deposite ahí se guardaría cuentas bancarias administradas por un Comité Técnico.
El dinero del FIAD se trasladaría al Fideicomiso Irrevocable de pago a Proveedores y Contratistas para el Saneamiento Financiero (FIDESAN) los primeros 10 días de cada mes, luego, se pagaría con ello a los proveedores y contratistas con los que el gobierno estatal mantiene deudas.
El FIDESAN, según la iniciativa del gobernador, será presidido por el titular de la SEFIPLAN, y los vocales serían los titulares de las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y de Desarrollo Social (SEDESOL).
El titular de la Contraloría General del Estado sería nombrado como Comisario público y el Secretario Técnico sería el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP).
Otros integrantes del FIDESAN serán las Cámaras Mexicana de la Industria de la Construcción, Nacional de Comercio, de la Industria de la Transformación y de la Industria de la Radio y la Televisión; del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz y de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
En ambos fideicomisos, el fideicomitente sería el Gobierno del Estado, el fiduciario, la institución bancaria y el fideicomisario estaría integrado por los proveedores y contratistas a los que se les debe.