Por: Pedro Peña Molina
La corrupción es el gran tema en nuestro país, prácticamente todos los días nos enteramos de casos donde se presenta. Obras inconclusas, otorgamiento de contratos a conveniencia, el desfalco descarado del erario público por parte de gobernadores, la “casa blanca” del Presidente de la República o recientemente las acusaciones por soborno por parte de la empresa Odebrecht al ex director de PEMEX Emilio Lozoya que le habría entrega 10 millones de dólares a cambio de recibir contratos en México. Los peor del caso es el grado de impunidad con el que se actúa. Sobre el tema se han realizado diversos análisis que apuntan a que, mientras en México estos delitos no se castigan, muchos países latinoamericanos han procesado ante la justicia a los funcionarios que caen en estas prácticas.
Afirman que la diferencia con estos, Brasil por ejemplo, radica en que estas naciones han logrado “un marco constitucional que garantizó una gran pluralidad política en el país; la independencia y autonomía funcional tanto del Poder Judicial, como de otras autoridades de procuración de justicia (Ministerio Público Federal y Policía Federal), frente al poder político y los factores reales de poder; así como el uso estratégico de figuras legales como la llamada “delación premiada” y haber enfocado los inicios de la investigación persiguiendo y encarcelando a los presuntos corruptores, no sólo a los políticos presuntamente corrompidos” Sobre los criterios esgrimidos quiero llamar la atención sobre tres puntos específicos, el marco constitucional que permitió la pluralidad de partidos, la independencia del Poder Judicial y Fiscalías así como la figura de la “delación premiada” llevados al análisis de los niveles federal y estatal en México, en concreto el Estado de Veracruz.
Empiezo por la “delación premiada” figura jurídica que permite ofrecer una reducción de las penas a los delincuentes que colaboran con la autoridad proporcionando información verídica y con bases que permitan la captura de jefes, cómplices o destruir estructuras criminales. Al respeto debemos recordar que en nuestro país contamos con los “testigos protegidos” que, tiene el mismo fin, premiar de cierta manera la cooperación del criminal. Además en el nuevo proceso penal se incluyó el procedimiento abreviado que de igual manera ofrece incentivos a los criminales que colaboran con las autoridades. Me parece que el problema entonces no es la falta de este recurso en nuestras leyes. El segundo, la independencia del Poder Judicial y de las Fiscalías. En la teoría existen pero la realidad está, muy alejada de esto. Lograr una verdadera independencia de este poder y de los fiscales depende directamente del fortalecimiento del Poder Legislativo. ¿A qué se debe esto? A que inciden en su elección.
Es decir, los congresos aprueban las designaciones de ministros, magistrados y fiscales ante las propuestas que los ejecutivos presenten. Sin embargo, éstos creen que el puesto se lo deben al Presidente o Gobernador en turno a quien miran como jefe. Por lo tanto, mientras estas dos instituciones no sientan una verdadera fuerza por parte de los congresos y honren la investidura que ostentan poco se puede hacer. Ahí tenemos el caso del fiscal de Veracruz llamando “bola de corruptos a quienes lo envistieron”. A esto se suma que la fuerza en sí de la misma fiscalía no es mucha pues depende de los tiempos políticos. Con todo y el peso de los hechos sobre si pero el ex Fiscal Luis Ángel Bravo supuestamente electo por 9 años no aguanto siquiera los primeros días de un gobierno opositor. ¿Dónde está la fuerza y autonomía de este órgano? El tercer punto, un marco constitucional que permita una pluralidad de partidos. Como vemos desde las reformas electorales de los años 80´s la configuración del mapa político nacional ha cambiado. Ahora tenemos pluralidad de partidos en los tres niveles de gobierno y donde más se da es en el Congreso de la Unión.
El problema radica en que si bien, se logró la pluralidad, no fue así en cuanto a la independencia pues los legisladores siguen a expensas de la voluntad de sus líderes. Más notable es esta situación en los congresos locales y en Veracruz no es la excepción como podemos observar. Por eso es muy interesante que los diputados cuenten ahora con la reelección legislativa que permita se liberen de la línea que les marcan sus líderes y rindan cuentas a los electores. El problema es que al momento de incluir la reelección legislativa los partidos políticos pusieron trabas que impiden que el espíritu de la reforma se concretice, como por ejemplo en Veracruz, donde sólo se permite que se reelijan en dos ocasiones cuando la Constitución contempla que pueden hacerlo hasta en cuatro. También es cuestión de actitud y compromiso por parte de los legisladores. Requerimos que “se la crean”, que sean conscientes de que son parte de un poder autónomo que tiene la misma importancia que el ejecutivo. Que se respeten a sí mismos. Mientas no tengamos un poder legislativo fuerte que sea contrapeso real del ejecutivo no podremos lograr mucho en cuanto al combate a la corrupción.