Observador veracruzano
Veracruz necesita reforzar la responsabilidad financiera de los gobiernos municipales que buscan contratar deuda pública, de ahí la necesidad de modificar el marco normativo vigente a fin de analizar la capacidad financiera de cada Ayuntamiento y fijar un límite de crédito.
Por esa razón, el Grupo Legislativo del PAN propuso reformar el artículo 410 del Código Hacendario municipal y el artículo 57 del Reglamento de Servicios Administrativos del Congreso del Estado.
El diputado Bingen Rementería explicó que con dichas modificaciones, el Departamento de Deuda Pública y Programas Institucionales del Congreso será el responsable de realizar un análisis detallado de la capacidad de pago que tienen los Ayuntamientos, buscando así la viabilidad del préstamo que solicitan.
Los cabildos ya no podrán solicitar créditos que están fuera de su capacidad de pago y contribuyen al endeudamiento del municipio, ya que son ellos quienes deben tomar decisiones financieras con responsabilidad y previo análisis para no contratar deudas impagables.
El Congreso del Estado deberá escuchar el análisis realizado por el Departamento de Deuda Pública y fijar los montos máximos de solicitud de crédito por cada Ayuntamiento, indicó el legislador.
“Primero deberán saber sus límites de endeudamiento y a partir de ello buscar la mejor oferta que se les presente en el mercado financiero. Los demás requisitos se dejan intactos”.
La iniciativa presentada da continuidad a la armonización de la legislación veracruzana con lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Bingen Rementería recordó que los Ayuntamientos de Veracruz tienen la posibilidad de solicitar créditos financieros que les permite hacer frente a las dificultades económicas por las que atraviesan, muchas de ellas derivadas del mal uso de recursos públicos en los gobiernos anteriores.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada el pasado 27 de abril del 2016 indica la obligación que tienen los estados para reformar su marco jurídico a fin de atender las nuevas disposiciones federales.