Observador veracruzano
Son tres los testigos que sustentan las acusaciones de la Procuraduría General de la República contra Javier Duarte. Se trata de Alfonso Ortega y José Janeiro, ambos exabogados del exgobernador y Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz.
Tanto Ortega como Janeiro confesaron ante los agentes del Ministerio Público de la Federación las operaciones con recursos de procedencia ilícita así como la operación de empresas fantasma. Con sus declaraciones ambos testigos libraron la aprehensión bajo el “criterio de oportunidad”.
Mientras que Bermúdez Zurita confesó que desde el gobierno de Veracruz le pidieron desviar recursos financieros destinados a la seguridad de la entidad, algunos de ellos provenientes de participaciones federales.
Gracias a los testimonios de estas tres personas ligadas directamente a Duarte de Ochoa, la PGR pudo ligar la creación de empresas fantasma con el dinero dado a proveedores del gobierno veracruzano y el desvío de recursos millonarios.
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira, quien mediante gráficos mostró, de acuerdo a dichos de los testigos, la compra de ejidos en Campeche “por parte de la agrupación criminal liderada por JDDO, con un sobreprecio de 15 mil por ciento para lavar dinero”.
Incluso refirió que los cómplices del exgobernador de Veracruz se hicieron pasar por campesinos ejidatarios con el objetivo de darle vuelta a la ley y tampoco pagar impuestos por la adquisición de los terrenos.
“Estas personas compraron a verdaderos campesinos un metro cuadrado de tierra a un peso, y un año después lo vendieron en 253 pesos. El colmo de colmos fue que el campesino Mansur ni siquiera pagó un peso de impuestos por estas transacciones”, señaló Lira Salas.
Durante su argumentación ante el juez Gerardo Moreno, el titular de la SEIDO se refirió a Mansur, en tono burlón, como el “campesino” pues para poder comprar las tierras a menor costo, “se convirtió” en ejidatario.
Excélsior