Observador veracruzano
Los diputados federales veracruzanos involucrados y vinculados a las operaciones de las empresas fantasma que llevaron a la quiebra al estado de Veracruz, se encuentran refugiados en el fuero constitucional que les brinda su cargo.
Erick Lagos Hernández, actualmente diputado federal del PRI, fue secretario general de gobierno en Veracruz y es uno más de los responsables de la quiebra que sufre la entidad.
Se le señala como uno de los principales jefes del Cartel. Cuando estuvo al frente de la Segob en Veracruz recibió más de 300 millones de pesos en aportaciones directas, con este dinero supuestamente atendería contingencias de diferente índole.
Sería uno de los interlocutores duartistas encargado de proteger a grupos criminales en el estado que desaparecían a personas, así como a chupaductos que operaban en diferentes regiones de la entidad.
En el mismo periodo como secretario de Gobierno, mandó a incendiar algunas empresas que competían con las suyas o las de algunos de sus socios y amigos. Es el caso de la compañía Petrosawb en Poza Rica, la cual sufrió un atentado en el que vehículos, grúas y laboratorios móviles fueron incendiados, resultando en pérdida millonaria. Al parecer sería requerido por la PGR y la Marina.
Se sabe que es dueño de ranchos, bienes inmuebles, gasolineras, plazas comerciales, posee negocios de grúas, así como un parque vehicular de importantes dimensiones.
Durante la pasada elección, en la que resulta ganador en su distrito, se ganó el mote de “El Mago” por aparecer miles de votos para su diputación federal.
Adolfo Mota Hernández aparece en las investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito, empresas fantasma y por “aviadores” cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Formó parte de una serie de actos simulados que sirvieron para que un selecto grupo de personas manejaran recursos a discreción.
En 2014 integrantes del Movimiento Unidad Popular (MUP) acusaron a Mota Hernández del desvío de más de 6 mil millones de pesos para campañas políticas del PRI y también para promoverse como candidato a la diputación federal.
Tarek Abdalá es señalado por el desvío de mil 600 millones de pesos cuando fue tesorero de Veracruz.
En la actualidad es diputado federal del PRI. Hace unos meses senadores y diputados exigieron desaforar al legislador veracruzano por su vínculo con el jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Tierra Blanca, acusado de participar en la desaparición de cinco jóvenes del municipio de Playa Vicente.
Alberto Silva Ramos fue alcalde de Tuxpan. Posteriormente llegó al gobierno duartista como secretario de Desarrollo Social, secretaría a la que desfalcó con un monto cercano a los 400 millones de pesos al conceder por lo menos 45 contratos mediante licitaciones directas, se fraccionaban los montos de los contratos de tal forma que las empresas no tuvieran que ser convocadas a licitaciones públicas.
Cuando Silva asumió por primera vez el cargo en Comunicación Social también desfalcó a esta coordinación con cerca de 500 millones de pesos, en esta ocasión habría inflado el monto del financiamiento que daba a algunos medios de comunicación, durante su gestión se le relaciona también con empresas fantasma que tendrían vínculos con Comunicación Social.
Hace unos meses solicitó licencia a la Legislatura para regresar de nueva cuenta a Comunicación Social. En este regreso a la coordinación Silva Ramos aprovechó el cargo para contratar un importante bufete jurídico que lo ayude a resolver el problema que enfrenta con las empresas fantasma.