Sergio Lara
Con el apoyo de legisladores locales, se buscará echar abajo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la reforma al Código Penal de Veracruz sobre el delito de ultrajes a la autoridad, debido a que es inconstitucional y violenta la libertad de expresión, adelantó el coordinador operativo de Movimiento Ciudadano (MC) Sergio Gil Rullán.
“No podemos decir una cosa y después cambiar a la otra, quienes hoy están en el gobierno eran los principales en marchar, en manifestarse y en agredir a la autoridad. Con la actual ley que ellos mismos propusieron y aprobaron, estarían en el bote, hay que ser congruente, hay una manera de revertirlo; nosotros vamos por una controversia constitucional en la Cámara de Diputados local, donde con 17 diputados podemos ir directamente a la Suprema Corte de Justicia”.
Sin mencionar nombres ni afiliación política de los legisladores locales, Gil Rullán sostuvo que están en pláticas para recolectar las 17 firmas, confiando que los diversos grupos parlamentarios en Veracruz se sumen a la moción de Movimiento Ciudadano.
Por otra parte, dio a conocer que su partido declina suscribir el “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021”, al que invitó a firmar Gobierno del Estado, debido a que las acciones que propone dicho acuerdo ya se contemplan en el marco jurídico estatal.
Sergio Gil agregó que dicho acuerdo no considera medidas de vigilancia y control en la utilización de programas a favor de un partido político o candidato; y que sea el mismo gobierno el primero en sancionar a sus funcionarios que incurren en esas prácticas, hayan sido denunciadas o no.
El partido Movimiento Ciudadano promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma al Código Penal en materia del ultrajes a la autoridad aprobado por el Congreso Local de Veracruz.
En entrevista el coordinador estatal del partido naranja, Sergio Gil Rullán indicó que se pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver los conflictos generados en torno a las recientes aprobaciones a las reformas al Código Penal estatal propuestas por el actual gobierno de Veracruz en materia de extorsión, robo, despojo y ultrajes a la autoridad en contra a instituciones de Seguridad Pública y en contra de la seguridad social