Durante décadas de lucha de la izquierda mexicana, varios de sus integrantes, simpatizantes y movimientos organizados, fueron víctimas de represión, acoso judicial, linchamientos mediáticos, agresiones físicas, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.
A consecuencia de guerras sucias como la emprendida en el transcurso de los años sesenta y setenta, encabezada por la terrible dirección federal de seguridad, el ejército y policías locales y federales; y como una demanda histórica de la izquierda mexicana, el gobierno federal creó a finales del año pasado la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, como un compromiso con los familiares de las víctimas y sobrevivientes.
Pero parece que estos tiempos no han quedado atrás, cuando parecía que el autoritarismo radical del viejo régimen se desmontaba con la 4T, a tres años de la “transformación” un grupo de senadoras y senadores de Morena buscan bloquear a la comisión especial que se creó en el Senado de la República para indagar el clima gubernamental hostil que se vive en el Estado de Veracruz para evitar que se investigue y sancione a los funcionarios que están actuando de forma ilegal y represiva en contra de la población civil, adversarios políticos y organizaciones civiles y sindicales.
De prosperar esta intentona, quedarán impunes más de 70 casos de injusticia que ya han sido presentados ante esta comisión legislativa, la cual tendrá que ser aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores en febrero próximo, al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones.
Entre ellos destacan la denuncia de un grupo de maestros y maestras a quienes sin explicación alguna se les ha detenido su salario, o se les ha pagado de forma irregular, del cual no sólo viven ellos y ellas, sino sus hijos e hijas. En los expedientes presentados ante la Comisión Especial existen documentos en los que constan las demandas recurrentes de los docentes ante las autoridades locales correspondientes, de las que no han obtenido respuestas.
También está el caso de unos hermanos, quienes al estar delimitando su terreno fueron detenidos por la policía estatal, acusados de ultrajes a la autoridad. Cabe mencionar que en los expedientes se menciona a una empresa cementera que utiliza de forma ilegal parte de la propiedad de los dos hermanos, para que sus empleados accedan a la parte trasera de dicha compañía a fin de extraer la materia prima con la cual trabajan. A pesar de que se cuenta con una resolución por parte de un juez en donde se determina que dicho terreno no es un camino de uso público, el consorcio y las autoridades decidieron pisotear los derechos de la familia.