Por: Pedro Peña Molina.
Sin duda comunicar las acciones y programas desarrollados por los entes públicos es de vital importancia tanto en un ejercicio de transparencia como de certidumbre para la ciudadanía. Es decir, por una parte tenemos el derecho que tenemos de conocer que están haciendo nuestros gobernantes y por otra parte, trasmitir información por parte de ellos, proporciona seguridad en la población de que las cosas marchan adecuadamente. En la administración pública no basta con realizar las cosas o tener el conocimiento para hacerlas, hay que saber expresar que se hicieron o se cuenta con la capacidad para ello. El político trasmite confianza por medio de la expresión hablada. Para esto se tiene que hacer uso de herramientas pertinentes, en ese sentido se destina un presupuesto con la finalidad de contratar espacios en diversos medios de comunicación. Cuando se hace de manera correcta, ética, transparente y legal estamos hablando de un contrato de prestación de servicios.
Por el contrario si se trata de ocultar, está fuera de la legalidad y de la ética es lo que se conoce como el famoso “chayote”. Para éste rubro un informe del departamento de Comunicación Social del Congreso estima que se gastará en el 2017 la suma aproximada de 9.88 millones de pesos. Uno de los órganos del Estado de Veracruz que transparenta los gastos la materia es el Congreso del Estado de Veracruz. Sin embargo, se han despertado una serie de críticas al respecto por la falta de objetividad y eficiencia en su asignación. Por ejemplo se habla de medios vinculados a diputados locales o de portales digitales que ni siquiera se encuentran activos sin contar que la calidad del mismo deja mucho que desear. Por ejemplo, el portal Plumas libres habla de que existen páginas informativas que reciben un pago pero no se localizan en la web, cita por ejemplo; Ellegislativo.com que recibe 34 mil 800 pesos, Enlaceveracruz.com.mx le otorgan 11 mil 600 pesos, A jarochosenlinea.com le pagan 20 mil pesos y la coctelera.mx 17 mil 400 pesos.
Existen otros gastos que resultan un tanto extraños como por ejemplo pagar empresas que se dedican al monitoreo de medios cuando estamos hablando de un departamento cuya función principal es esa. Podría darse el caso de la subcontratación, pero en cualquier empresa es ampliamente justificado, lo cual habría que revisar en este caso. Por ejemplo, Jorge Miguel Ramírez Pérez que cobra 20 mil pesos mensuales por realizar esa labor de abril a noviembre del presente año, la empresa CE Comunicación Estratégica S.A. de C.V con 11 mil 600 pesos mensuales por el mismo periodo de ocho meses y Rodolfo Mata Domínguez con 8 mil 700 en la misma situación. No debemos olvidar que el presupuesto público por mandato constitucional, y esto lo es, debe administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos a los que está destinado. Cabe preguntarse si estas asignaciones se hicieron respetando estos principios.