Javier Herrera Borunda
Tengo el honor de formar parte de la delegación de diputados y senadores que representamos a México en la XXIV Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, cuyo tema general de trabajo es: “Fortalecimiento de Alianzas para la Prosperidad, Seguridad y Crecimiento”, que se lleva a cabo en la ciudad de Vancouver, Canadá, entre los días 17 y 21 del presente mes.
Muy ilustrativas han sido las intervenciones de mis compañeros delegados a quienes he escuchado con mucha atención, los temas abordados son de vital importancia para el desarrollo de los países que integramos la región. En este artículo comparto algunas ideas de mi exposición ante el Pleno de la reunión.
Ninguna persona escapa a la realidad de que estamos viviendo en un entorno político y económico global altamente complejo, al que ningún país del orbe está inmune. Por ello, la cooperación interparlamentaria representa una gran avenida de acción, ya que permite intercambiar las mejores prácticas de éxito de los países para generar políticas sociales encaminadas a alcanzar un mundo más equitativo, próspero y sustentable.
Sin embargo, la prosperidad va de la mano de la sustentabilidad de los recursos naturales con los que cuenta nuestro planeta, y desde luego de su consecuencia más inmediata: la sobrevivencia de quienes lo habitamos. Hoy vivimos cotidianamente los estragos que está causando el cambio climático, tema que en este foro adquiere importancia significativa, ya que los países miembros nos encontramos ubicados dentro del llamado “Círculo de Fuego”, es decir, la región geográfica más vulnerable a la ocurrencia de desastres naturales.
Según un informe de la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia y Pacífico, más del 40% de los desastres naturales registrados a nivel mundial durante la década pasada afectaron a nuestra región, pero lo que es aún más grave, medio millón de personas perdieron la vida a consecuencia de los mismos.
La situación es particularmente importante para nuestro país que se encuentra entre los 17 países que tienen mayor biodiversidad. Sus extensos litorales, más de 11 mil kilómetros, lo perfilan en el grupo de naciones con mayor fragilidad frente al calentamiento global. En los últimos años México ha sido objeto de fenómenos hidrometeorológicos que han oscilado de sequías agudas a precipitaciones pluviales y vientos irrefrenables. Estas contingencias ambientales derivaron en la pérdida de vidas humanas y en la erogación extraordinaria de miles millones de pesos anuales.
Los desastres naturales y las crisis que ellos conllevan tienen efectos más nocivos en las comunidades más pobres. Los datos oficiales de organismos internacionales señalan que, mientras a las economías más avanzadas las contingencias ambientales les han costado alrededor del 4% de su PIB, a los países más pobres, los cuales cuentan con menos infraestructura, llegan a costarles hasta un 18%. De acuerdo a datos del INEGI México pierde 7% de su PIB a razón de daños ambientales, cifra que sin duda refleja la consolidación de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, frente a lo que sucede en otros países emergentes.
Hacia finales del año pasado, el mundo dio cuenta de la formación del meteoro más descomunal del que la historia tuviera registro, el Huracán Patricia. Gracias a un convenio bilateral de cooperación que tenemos establecido con Estados Unidos, México pudo monitorear el desarrollo del mismo a través de la información que los satélites estadounidenses y los aviones caza-huracanes que sobrevolaron el fenómeno nos compartieron. De este modo, pudimos activar nuestro sistema de alerta temprana de manera oportuna y minimizar los daños materiales, así como evitar la pérdida de vidas humanas.
De tal suerte, queda claro que invertir en prevención, sin duda, tiene sentido y se dirige a reducir la vulnerabilidad de la población elevando la resiliencia, es decir, estar preparados para enfrentar las situaciones límite que pudieran sobrevenir; a incrementar la fortaleza de la infraestructura física y de los sistemas productivos; y a preservar y mantener los ecosistemas así como los beneficios que producen.
A efecto de construir comunidades más resilientes, los gobiernos, los legisladores y la sociedad se deben involucrar activamente para que exista respuesta efectiva antes, durante y después de la crisis, especialmente en las comunidades más pobres donde se tiene menor acceso a agua limpia, a comida, medicamentos y vivienda digna debido a que éstas se asientan por lo regular en zonas de alto riesgo.
Con respecto a la infraestructura obsoleta, ineficiente o inexistente, ésta se convierte en una amenaza adicional, ya que puede interrumpir las cadenas de suministro hacia las comunidades afectadas y dificultar la evacuación o el acceso a la ayuda humanitaria tanto nacional como internacional. Por ello, los gobiernos deben promover y ayudar a las comunidades a renovar sus infraestructuras primarias, y los legisladores tenemos la obligación de regular y promover los marcos jurídicos que regulen los posibles efectos del cambio climático.
En cuanto a la disminución de los gases invernadero y a la mitigación de la contaminación que los genera, el compromiso global ha avanzado mucho a lo largo de los años, sin embargo, los daños que se causaron en tanto el concierto de las naciones lograba un consenso, nos obligan a construir sociedades más preparadas para enfrentar los fenómenos naturales, a acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpias, a reducir la intensidad energética haciendo eficiente su uso, a promover ciudades sustentables que dejen una baja huella de carbono; a mejorar las formas de trabajo agropecuario y forestal; y a reducir emisiones contaminantes de corta vida que generan cambio climático.
En el Foro se reconoció que hay países que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir las tecnologías de punta que permiten conocer de los fenómenos naturales con oportunidad. Me pregunto, ¿por qué no?, resulta entonces evidente que tenemos que avanzar hacia sistemas de cooperación multilateral y bilateral en la materia, que permitan establecer sistemas de alerta temprana adecuados para todos.
Un andamiaje legal sólido puede facilitar la recepción de asistencia humanitaria global, prevenir el crimen y asegurar que los sistemas financieros continúen trabajando durante las crisis. Debemos construir instituciones que sean transparentes, eviten la corrupción y que generen confianza para estrechar lazos más sólidos con nuestros vecinos.
Lo que sí ha quedado muy claro en esta reunión, es que ha llegado la hora de actuar, ya que de no hacerlo hoy las consecuencias serán irreversibles. Si pretendemos ser una economía líder y exitosa, no podemos darnos el lujo de perder nuestro principal motor de desarrollo: el capital humano. Por otro lado, sólo tenemos un planeta, está claro, no hay cabida para un Plan B.