Observador veracruzano
A tres años de que se realizara un desalojo y agresiones de personas jubiladas que se manifestaban frente a palacio de gobierno –cuando el mandatario estatal era Javier Duarte-, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Veracruz.
Luego de investigar los hechos ocurridos el 23 de septiembre de 2015, la comisión determinó que sí hubo violación a las garantías de seguridad, libertad de reunión, trato digno e integridad personal, libertad de expresión y procuración de justicia.
Tales agravios son atribuibles a 22 servidores públicos del gobierno de Veracruz, de esta manera la recomendación involucra a la administración estatal, Instituto de Pensiones (IPE) y Fiscalía General del Estado (FGE), con el sentido de que reparen el daño de manera integral y se integre en el Sistema Estatal de Víctimas a 35 pensionista y do periodistas violentados.
Dichas instituciones tendrían que colaborar con la CNDH para presentar la queja ante la Contraloría General del Estado para que investigue y determine responsabilidades administrativas a 12 funcionarios y otras autoridades que participaron en los hechos, también para interponer la denuncia pertinente ante la FGE para fincar responsabilidades penales a cuatro servidores públicos.
Asimismo, habría responsabilidades penales para 12 servidores públicos y colaboradores de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en los hechos.
Además, fueron consideradas otras medidas como la trasferencia oportuna de las pensiones y capacitación a servidores públicos en materia de derechos humanos.
Las recomendaciones derivan del desalojo por parte de elementos de seguridad pública hacia adultos mayores que pedían el pago de sus prestaciones de seguridad social, de acuerdo con testigos, las personas de la tercera edad recibieron descargas eléctricas, agresiones verbales, empujones, golpes y amenazas.
e-veracruz