Por: Leopoldo Tlaxalo Jaramillo
Según datos de la UDLAP, la impunidad en México es del 99.3%.
Se denuncian sólo de 4 a 5 delitos de cada 100.
De estos casos, sólo el 12% se resuelve de alguna manera.
México es el cuarto lugar a nivel mundial en corrupción e impunidad.
26 de 32 Estados tienen colapsado su sistema de justicia.
Hay un déficit de 120 mil policías.
3.5 jueces por cada 100 mil habitantes. 16 es el promedio mundial.
En el tema de impunidad y corrupción, el Estado de México es la entidad que más señalamientos tiene, le siguen: Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Oaxaca.
En el Estado de México hay 200 mil carpetas de investigación, pero sólo 1, 200 sentencias en primera instancia.
Hay maquillaje de cifras, como el caso de Nayarit que no reportó un sólo robo. El estudio de la UDLAP lo llama impunidad estadística. Su fiscal fue detenido en Estados Unidos por delincuencia organizada.
Veracruz tiene según las variables medidas por la UDLAP el más alto nivel de impunidad, el cuarto.
OCDE y UNAM coinciden en que la corrupción en México nos cuesta alrededor de 10% de Producto Interno Bruto.
De acuerdo al Bnaco Mundial, el Producto Interno Bruto mexicano es de 1.5 billones USD.
La corrupción y la impunidad son problemas que han afectado las finanzas económicas y la impartición de justicia en los gobiernos municipales, estatales y federales, no sólo de México, sino de otros países que padecen este problema. Con la llegada al gobierno federal del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador vino una luz de esperanza en todos los mexicanos de que se podía acabar con la corrupción y la impunidad, pues una de sus principales promesas de campaña del hoy presidente era acabar con la corrupción y la impunidad, acción que le ha costado trabajo por la resistencia de actores políticos enquistados en el poder desde hace varios sexenios y que se niegan a perder sus privilegios obtenidos a través de la corrupción. Estos personajes desean que en México siga reinando la impunidad pues no quieren pisar la cárcel por los delitos cometidos en el pasado.
A pesar de contar con un plan de gobierno efectivos y estrategias para acabar con la corrupción y la impunidad, la tarea de Andrés Manuel López Obrador no ha sido fácil pues tiene que remar contracorriente debido a que personajes que han practicado la corrupción desde hace muchos años y se han beneficiado de ella se niegan a dejar de robar cínicamente dinero del erario público y obviamente no quieren que su delito amerite un castigo ante la Ley. López Obrador describió muy bien el problema de la corrupción en una de sus conferencias mañaneras. “Antes los corruptos ni siquiera perdían respetabilidad pues si un político era sorprendido en actos de corrupción hasta se le aplaudía y no se le metía a la cárcel”.
Gracias a la lucha encarnizada del presidente López Obrador en contra de la corrupción, muchos políticos de la administración de Enrique Peña Nieto han puesto sus barbas a remojar al ver que se aplicaron órdenes de aprehensión en contra de Rosario Robles y Emilio Lozoya Austin.
La corrupción se da en todos los niveles de las dependencias gubernamentales de la mayoría de los gobiernos de este país. Lo peor es que algunos funcionarios consideran normal la corrupción y no tienen miedo a cometer actos de corrupción porque durante muchos años han visto que reina la impunidad en este país y que los corruptos no reciben un castigo ejemplar ante la Ley. A pesar de que la corrupción del político sea evidente, éste sabe que no será castigado porque hace algunos años era prácticamente imposible ver a un ex gobernador o ex alcalde en la cárcel.
La corrupción en el periodismo. “No te pago para que me pegues”, es una frase muy común que decía un ex presidente hace algunos años y que han replicado otros políticos para hacerles ver a los periodistas que si los están apoyando económicamente es para que hablen bien de ellos o no difundan noticias que afectan la imagen del funcionario que con un chayo, embute o como quiera llamarlo, está comprando el silencio, la conciencia y la dignidad del periodista quien tiene que someterse a las órdenes de su jefe a cambio de un apoyo económico mensual.
La corrupción es un mal que difícilmente se erradicará de este país si no existe la voluntad de todos los mexicanos pues en menor o mayor medida la mayoría de los ciudadanos la practican en la vida cotidiana. Cuando un ciudadano está a punto de ser multado por un elemento de tránsito prefiere sobornarlo antes de pagar la infracción. Y es que es un mal que los mexicanos han practicado desde hace cientos de años.
VIOLENCIA Y SEGURIDAD EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
Periodistas, principales víctimas.
En los últimos meses, Veracruz se ha encontrado en el centro del
debate público debido a la crisis de seguridad, derivada del grave
deterioro de sus instituciones. La corrupción, la impunidad y la
inseguridad han lesionado a esta entidad, convirtiéndola en uno más
de los focos rojos del país.
Con sus más de 600 kilómetros de costa en el Golfo de México, es
una de las áreas más importantes del país para la importación y
exportación de productos, pero el estado está afectado por la tensión y
una guerra sangrienta entre los cárteles.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, descarta que la
situación de violencia en el Estado se encuentre fuera de control.
Pero evidentemente esto es quimérico, ya que a pesar de que la SSP
afirma estar combatiendo la inseguridad y la violencia en el Estado,
con la continuidad en la que se han realizado operativos para atacar
de frente a los delincuentes e inclusive a los diversos cárteles que
operan en la entidad.
Arribando este tema, cabe mencionar que entre los tantos afectados
por la violencia en el Estado, se encuentra el gremio de los
periodistas, ya que Veracruz ocupa el primer lugar en casos de
homicidios a informadores según la CNDH.
Se ha confirmado el homicidio de 26 comunicadores en Veracruz en lo
que va del año.
Los ataques a periodistas son diversos y van desde homicidio, robo,
agresiones físicas, privación ilegal de la libertad, acoso u
hostigamiento, hasta daños materiales y amenazas. En estas últimas,
especialmente en años recientes, se han generado mediante nuevas
modalidades, tanto por vía telefónica o por redes sociales y
mensajería, a través de las cuales se propaga el miedo a los
comunicadores.
Los casos de agresiones contra periodistas mantienen un índice de
impunidad del 99.13% por la ineficiencia de las autoridades.
En la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE) se han iniciado, desde 2010, mil 140
investigaciones, de las cuales se han consignado 163 y el sistema
acusatorio ha judicializado 23 carpetas de investigación.
Sumado a ello, del total de investigaciones iniciadas, se han obtenido
10 sentencias condenatorias, lo que representa que en sólo 0.87% de
las investigaciones se arribó a una sentencia contra algún responsable
de los delitos. Esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos
contra la libertad de expresión, sólo a nivel federal.
Desde el año 2000, 123 periodistas han sido asesinados en México:
48 en el gobierno de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña
Nieto. En los primeros 90 días del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), la violencia contra periodistas y personas defensoras
de derechos humanos se ha incrementado.
Entre los principales agresores se encuentran grupos de la
delincuencia organizada, servidores públicos, elementos de seguridad,
particulares, y casi la mitad autores desconocidos, esto derivado de
amenazas u hostigamientos generados en redes sociales o entornos
digitales. En todos los casos, la Comisión ha implementado medidas
preventivas o de protección en materia de seguridad con apoyo de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (SSP), a fin
de evitar daños irreparables.
Además, los riesgos y las agresiones no sólo se documentan en casos
cuya afectación haya sido directa y personal contra la integridad física
del periodista, sino también cuando ocurren en un entorno como el
digital.
El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones, no sólo de
prevención y protección para la labor periodística, sino también en
procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de
eficiencia, exhaustividad e imparcialidad.
La raíz de las agresiones a periodistas hoy, igual que hace varios
años, es la impunidad, por eso Veracruz acumula una “lista
espantosamente larga” de comunicadores asesinados cuyo acceso a
la justicia no es otorgado.
De los 89 casos de homicidios contra periodistas que la FEADLE
reporta de 2010 a 2019, en 44 no encontró relación con la labor
periodística de la víctima, mientras que en 45 sí encontró.
De los 45 casos, 31 continúan en trámite y sólo se han consignado o
judicializado 3, es decir, el 8,8% del total.
A reserva de saber las razones puntuales por las que en 44 casos no
encontró relación con el ejercicio periodístico, y si están plenamente
justificadas y acreditadas, del total de 89 homicidios registrados en ese
periodo, habría una efectividad de 4.4% en la consignación de
investigaciones por este delito.
Resulta apremiante que todas las autoridades cumplan sus
obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y
protección para el ejercicio periodístico, y abatir la ominosa impunidad
que impera en este tipo de delitos, debiendo demostrar total capacidad
y voluntad para revertir esta situación de violencia contra la prensa, y
que finalmente las y los periodistas desempeñen su labor con plena
libertad y seguridad, lo cual hablará de un verdadero sistema
democrático en México.