Observador veracruzano
La Secretaría de la Función Pública recibió solicitud del Ministerio Público federal para entregar información relativa al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, confirmó el encargado de despacho, Javier Vargas Zempoaltecatl. En conferencia, luego de encabezar un taller sobre el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el también subsecretario de responsabilidades administrativas dijo que por tratarse de procesos administrativos que están en marcha no puede ofrecer mayores detalles.
Sin embargo, reconoció que en el caso de Duarte de Ochoa, “ya me solicitó información el Ministerio Público”, aunque dijo que es algo que de manera cotidiana le piden sobre numerosos funcionarios públicos. Además, recordó que la ley le prohíbe hacer públicos casos específicos respecto a los gobernadores de Veracruz; Chihuahua, Horacio Duarte, y el ex gobernador de Quintana Roo, Rodrigo Borge.
Lo que sí dejó claro Vargas Zempoaltecatl es que están en marcha auditorías en todos los estados de la República y la Ciudad de México, en las que coadyuvan tanto la Secretaría de la Función Pública federal como las contralorías de las entidades.Se vigila el correcto uso de los recursos públicos pertenecientes a los estados y, en su caso, las partidas federales que se otorgan a los gobiernos locales.
Respecto a los tres gobernadores señalados por presuntos actos de corrupción, aclaró que “no serán juzgados por las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción”, pues los presuntos ilícitos en que pudieran haber incurrido se habrían cometido antes de que éste entre en vigor (se espera que eso ocurra el próximo año).
Vargas Zempoaltecatl recordó que la secretaría es una autoridad administrativa y, por lo tanto, “no meterá a nadie a la cárcel”, pero puede encontrar elementos para aplicar sanciones a funcionarios que hayan incurrido en irregularidades.Entre las sanciones el funcionario citó la inhabilitación por 20 años, el juicio político e incluso denunciar a los responsables ante autoridades penales.
Sobre las novedades que incluye el Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que a nivel federal el número de funcionarios que están obligados a presentar declaraciones podría pasar de casi 300 mil actuales a cerca de tres millones.