Sergio Lara
Es un exceso el que se criminalice a los contadores por los delitos fiscales que pudieran cometer sus clientes consideró el vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, Ramón Ortega Díaz, quien agregó que la Miscelánea Fiscal contempla que los contadores públicos informen al SAT cuando observen una posible comisión de un delito fiscal.
“Llegar a querer que el propio contador sea un Ministerio Público o un Fiscal para de esta manera decirle a la autoridad de que está realizando un delito fiscal si va más allá del alcalce de lo que es la auditoria de normatividad, pero en las revisiones que se llevan a cabo ya llevamos inclusive los seguimientos que se han detectado para efectuar el combate de empresas fantasmas y simplemente se tendría que adecuar todo el marco”.
Insistió en que un contador público no pude dictaminar si se está cometiendo un delito fiscal o no pues excede sus capacidades laborales, no obstante, si el interventor no informa de alguna irregularidad, se haría acreedor a una sanción de los 3 meses a 6 años de prisión.
Precisó que esta medida no aplica a todos los Profesionistas de la contabilidad, sino únicamente a los que dictaminan estados financieros, es decir, a quienes revisan información para enviarla al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
“El contador público inscrito es el que presenta ante la autoridad como se encuentra la situación fiscal del contribuyente y emite su informe en base a normas de auditoria, se da un seguimiento para efectos de hacer un dictamen fiscal, el famoso dictamen fiscal que se le conoce”.