La ex presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, María Guadalupe Alejandro Fernández promovió y ganó un juicio de amparo en contra de la renuncia voluntaria, hostigamiento, actos de intimidación y acoso laboral cometidos por la secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSYP) Dorheny García Cayetano, quien ejerció violencia de género y discriminación en contra de la agraviada.
En su denuncia María Guadalupe Alejandro Fernández también acusa a la presidenta de la Junta Local del Estado de Veracruz, Yazmin Cepeda Benavides.
“Abusando de su poder han hostigado a mi persona, amenazándome queriéndome obligar a renunciar en contra de mi voluntad, sólo con el propósito de cumplir con compromisos políticos, de tener una vacante y darla al mejor postor, y a sus incondicionales”, comentó María Guadalupe, quien se siente impotente por la renuncia que la obliga a firmar García Cayetano.
Lo más lamentable, consideró Alejandro Fernández, es que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sabe de los delitos cometidos por Dorheny García Cayetano y no apoya a la víctima. Al contrario, se pone del lado de la secretaria mostrando indiferencia con el sufrimiento de María Guadalupe, quien se quejó amargamente de que la titular de la STPSyP inició una lucha de poder en contra del juez federal que concedió el amparo.
“La secretaria del Trabajo no quiere atender el mandato y de forma desafiante perjudicarme; me mando a lanzarme de mi oficina, me rompieron candados, rompieron mi escritorio, me impidieron el acceso a mi oficina; por eso hago un llamado a las personas que se haga pública esta arbitrariedad”, señaló la afectada, quien teme por su vida y la de sus familiares, por lo que solicita el apoyo de las autoridades.
A María Guadalupe le preocupa que García Cayetano no acate la orden de un juez federal. “Lo más triste es que en un gobierno que se dice de transformación siga habiendo vicios del pasado, sigue la ausencia del estado de derecho, la corrupción, el nepotismo, el compadrazgo y la impunidad; existen funcionarios y dependencias con corrupción”, comentó la afectada, quien pide la intervención del presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , Arturo Zaldívar para que el desacato sea castigado.
La ex presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje acudirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para denunciar la violencia que ejerce la funcionaria estatal en su contra.
Fuente y foto: AVC