Observador veracruzano
Un total de 132 alcaldías de las 212 de Veracruz, avalaron el decreto para que el congreso local tenga la facultad de remover al actual titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz.
Resultado de la desaprobación a su desempeño, a 54 presidentes municipales de la alianza PAN-PRD no les tembló la mano para votar en favor de la modificación a la Constitución del estado que faculta al poder legislativo la destitución.
Si a ese número le sumamos los otros 46 alcaldes panistas-perredistas que dejaron correr la votación hasta aprobarse por la figura de la afirmativa ficta, tenemos que 100 de los 112 municipios que se supone debieron respaldar a Jorge Winckler, de manera directa e indirecta contribuyeron a que se aprobara la reforma.
El 89 por ciento de esos alcaldes se pronunció a favor de la remoción del actual fiscal, quien es considerado como un amigo personal del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien lo propuso para dicho cargo.
Más allá de la fuerza que tiene Morena en el Congreso, el apoyo de alcaldes panistas a la reforma muestra el hartazgo ante la nula eficacia y compromiso de Winckler en la que debiera ser su prioridad, que es ofrecer justicia a los veracruzanos, sobre todo a aquellos que fueron lacerados por la delincuencia, la inseguridad y la corrupción.
Lo que también refleja la numeralia es que Jorge Winckler ha perdido tanta legitimidad, que ya ni los de su partido le ven futuro, pues ante la opinión pública ha quedado exhibido que su arribo a la FGE fue una imposición de Yunes Linares y que no ha podido responder a las exigencias de sus responsabilidades.
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