Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal por Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, Javier Duarte de Ochoa decidió reservarse el derecho a allanarse a la extradición, hasta que el gobierno de México envíe la solicitud formal a la justicia guatemalteca y ésta sea revisada por su defensa.
“En este momento, no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición que sea evaluada por mi defensoría, esto no quiere decir que no lo vaya a hacer”, indicó Duarte en la audiencia.
Ante la presencia de su abogado en México, de nombre Pablo Campuzano de la Mora, durante la audiencia de hoy y tras un receso de más de 15 minutos, Duarte de Ochoa declaró que no se allanará al proceso de extradición, proceso que se prevé inicie el gobierno de México, luego de su detención el pasado 15 de abril en el departamento de Sololá, Guatemala.
Al abogado se le permitió permanecer en la sala de audiencias únicamente en calidad de observador. De acuerdo con el abogado defensor Oscar Bazán, este litigante conoce más detalles de las acusaciones en contra de su defendido.
La justicia mexicana lo acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
ESCUCHO DUARTE ACUSACIONES EN SU CONTRA
El Tribunal Quinto de Sentencia Penal por Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala dio inicio a la audiencia de notificación del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien fue detenido el pasado 15 de abril en ese país y a quien lo requiere la justicia mexicana por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
En este juzgado, la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, imputa hechos al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, establecidos en la solicitud de detención provisional con fines de extradición hecha por el gobierno de México.
Posteriormente se procederá a su respuesta, la cual podría ser la reserva de su derecho a declarar, el allanamiento o rechazo al proceso de extradición que ha solicitado el gobierno mexicano a través de la Procuraduría General de la República (PGR).
Previo al inicio de la audiencia un funcionario del juzgado confirmó que Duarte de Ochoa acudió ante el Tribunal sin un abogado de su confianza por lo que le fue asignado el único defensor de oficio que se encuentra en el Tribunal.
David Carvallo, jefe de Audiojuzgados confirmó que al lugar llegaron el embajador y cónsul de México en Guatemala.
A las 14:40 horas de México, Javier Duarte ingresó a la sala del Tribunal Quinto de Sentencia Penal en Guatemala en donde se le dieron a conocer a detalle los cargos que se le imputan y en donde el juez le aclaró que no será juzgado en ese país.
El juez le informó que tiene poca información sobre los cargos de los que se le acusan, pero se tomarán en cuenta las acusaciones en su contra y el Tratado de Extradición entre México y Guatemala, para determinar la procedencia de la solicitud.
El exgobernador escuchó los cargos y confirmó la presencia de dos abogados de su confianza llamados Oscar Giovany Bazán y Almarilis Nava y de quienes el gobierno de Guatemala recibió la solicitud correspondiente.
Luego de pedirle que precisara sus datos personales como su nombre, dirección y fecha de nacimiento, el exgobernador de Veracruz informó que está en ese país desde hace seis meses, pero que no tienen domicilio ahí.
Los abogados indicaron que no han tenido acceso al expediente, mientras que Duarte de Ochoa declaró que su pasaporte fue entregado a una jueza para su revisión.
El juez le explicó cómo se solicitó la orden de extradición y aclaró que el sistema de justicia en la Ciudad de México requería de su presencia para juzgar los siguientes hechos que se le han imputado: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y desvío de recursos federales y uso indebido de los mismos.
De inmediato se le dio lectura a la investigación sobre sus posesiones y la manera en que fueron adquiridas, así como a las personas que tuvieron relación para que pudiera adquirir las mismas desde el año 2010.
Durante más de 30 minutos el exgobernador de Veracruz escuchó las acusaciones en su contra en la que se refiere a toda una red de corrupción que creó desde su gobierno y las órdenes que realizó para el uso de los recursos públicos.
RED DE CORRUPCION EN MEXICO
Durante la audiencia, la Fiscalía de Guatemala detalló la manera en que operaban los presuntos prestanombres del exgobernador de Veracruz, , para adquirir diversos inmuebles con recursos públicos y a través de empresas fantasma.
Entre los nombres referidos como amigos y socios que colaboraron con él en calidad de prestanombres y operadores de una compleja red de lavado de dinero se mencionan a Alfonso Ortega López, Moisés Mansur Cisneros, José Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Mario Rosales Mora.
La Fiscalía detalló la manera en que Duarte y sus socios constituyeron firmas fantasmas para la adquisición de departamentos y terrenos, así como productos de lujo como lanchas de motor fabricadas en Europa.
Explicó cómo Duarte de Ochoa adquirió, a través de sus prestanombres, 21 parcelas en el ejido de Lerma, Campeche, por un precio de 20 millones de pesos y cómo los socios del exgobernador demostraron con pruebas falsas ante los ejidatarios haber vivido más de un año en esa tierra.
Sobre la compra del rancho El Faunito en Veracruz, la Fiscalía explicó que esas tierras fueron adquiridas por el presunto prestanombres del exgobernador, Janeiro Rodríguez, pero era Duarte quien las utilizaba.
Refirió que el exgobernador utilizaba también como residencia un departamento de Torre Pelícano en Boca del Río Veracruz y otro en Polanco, Ciudad de México, lo cuales están escriturados a nombre del presunto prestanombres Moisés Mansur.
FORMAL PRISION A DUARTE, PERMANECERA EN PRISION MILITAR DE MATAMOROS
El Tribunal determinó la formal prisión al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y anunció que permanecerá recluido en una prisión militar de Matamoros, Guatemala.
La fecha de la próxima audiencia no fue fijada, en tanto se reciba la solicitud formal de extradición del gobierno mexicano.
Los magistrados determinaron que existe un compromiso entre Guatemala y México para entregarse mutuamente a las personas que son perseguidas por la comisión de algún delito, como es el caso, por lo que esperarán la solicitud formal del gobierno mexicano.
La fiscalía de Guatemala solicitó que se informe a México sobre la presentación de cargo a Duarte y la formal detención y a partir de ello contará con 60 días naturales para formalizar la solicitud de extradición, así como con la entrega de las pruebas que acreditan la comisión de delitos por parte de Javier Duarte, de lo contrario el detenido deberá ser liberado.