El exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, cumplió dos años en prisión y sus hijas insisten en que, a pesar de los 15 amparos concedidos por las instancias federales, el exfuncionario yunista no es liberado debido a los caprichos del actual Gobierno estatal, convirtiéndolo en un preso político.
Viviana Franco explicó que se le ha acusado de 8 delitos y actualmente está en proceso por violencia familiar y peculado, “casos fabricados” en contubernio con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Veracruz.
“Es lamentable el papel perverso que sigue el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía, ambos corrompido, la segunda es utilizada para armar carpetas a modo, por consigna, sin datos de prueba que respalden los delitos que acusa, sólo sirven para que de forma reiterada abusen de la prisión preventiva justificada la cual es fijada por los jueces de control aun cuando no se justifica la necesidad de la misma”, dijo.
Viviana y Luisa, en compañía de militantes del PRD y abogados, precisaron que ellas también son parte de una carpeta de investigación derivado de una denuncia por parte de su mamá por el delito de sustracción de menores y acusaron que es parte de una asociación de su progenitora con el Gobierno del Estado.
Las jóvenes aseguran que tienen temor de que una vez que se le conceda otro amparo federal a Franco Castán, se ejecute otra orden de dicha carpeta que se está armando por la custodia de su hermana menor.
“Existe una carpeta de investigación abierta en la que mi abuela, nosotras y nuestro padre estamos denunciados por los delitos de sustracción de menores, retención y omisión de cuidados de nuestra hermana menor Victoria, carpeta que no tiene pies ni cabeza, que seguramente la utilizarán cuando mi padre esté por obtener su libertad.
“Fuimos denunciadas por nuestra madre en contubernio con la Fiscalía haciendo una acusación falsa, lo digo con mucha tristeza, mi madre se distanció de nosotras, de sus 3 hijas desde hace 3 años, ella decidió ponerse del lado del Gobierno para causarnos daño, no tenemos ninguna comunicación, por cierto, ni si quiera cumple con sus obligaciones legales como madre”.
Insisten en que se mantendrán en lucha y exigieron nuevamente a la Fiscalía General del Estado y Poder Judicial, poner alto a este seguimiento a su padre.