Observador veracruzano
La justicia mexicana tiene varias herramientas a su disposición para confiscar las numerosas propiedades que Javier Duarte supuestamente obtuvo desviando dinero público de Veracruz. El proceso se puede llevar a cabo en los tribunales sin la necesidad de que haya una sentencia en contra del exgobernador por los delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. Tres expertos explican a EL PAÍS las estrategias que la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) puede seguir para reintegrar al Estado los bienes obtenidos por el exmandatario, que se ha convertido en el emblema de la corrupción política en este sexenio.
Gabriel Regino, abogado penalista, cree que México se encuentra ante un hito. “Es el primer caso en el que se acusa a un gobernador en funciones –aunque haya solicitado licencia– de delincuencia organizada y lavado de dinero”, señala. Los delitos que se le imputan a Duarte son duros y lo separan de otros servidores públicos bajo sospecha de corrupción. Estos suelen enfrentar cargos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público o ejercicio abusivo de funciones, que no ameritan prisión preventiva y para los que un juez puede otorgar medidas cautelares como multas.
Duarte desapareció el 15 de octubre. Días antes había ofrecido una entrevista televisiva en la que dijo que iba a encarar las investigaciones que pendían sobre su cabeza. No existe rastro del exgobernador expulsado por su partido, el PRI, pero sus supuestas propiedades han provocado indignación nacional. Investigaciones periodísticas lo vinculan a terrenos, apartamentos y casas en Florida, Texas y Nueva York en Estados Unidos. Y en México en el Estado de México y la capital del país. Carlos Loret de Mola, el último periodista que entrevistó al mandatario, también reveló que el exgobernador tiene empresas y un hotel en Bilbao, España.
El país. Foto: Foto jarocha.