Observador veracruzano
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría desechar la controversia presentada por diputados panistas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la separación de Jorge Winckler como fiscal general del Estado, debido a que está sustentada en un documento sin validez oficial. Es decir, la constancia que presentó Winckler como prueba de sus exámenes de confianza son patito, pues la constancia se la expidió una empleada de Winckler.
Esta semana, 17 legisladores veracruzanos presentaron ante la SCJN un recurso de inconstitucionalidad, acompañado de supuestas pruebas con las que pretenden acreditar que, en el acuerdo legislativo sobre la separación del cargo de Jorge Winckler, se violentó la Constitución.
El contenido de las pruebas presentadas por los diputados panistas contiene la famosa “Constancia” que no es más que un oficio-constancia sin validez oficial, pues fue expedido por una psicóloga subordinada de Jorge Winckler.
El pasado 3 de septiembre, aun en el cargo de fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz presentó en conferencia de prensa la “Constancia”, asegurando que contaba con la acreditación de haber cumplido con los procesos de control de confianza que se requieren para desempeñar el cargo de fiscal.
Un diputado panista que no desea correr el riesgo de incurrir en un ilícito ha filtrado la famosa “Constancia” a la que hacía alusión Winckler ese día y que, en la acción de inconstitucionalidad, es la prueba supuestamente contundente de que se violentaron sus derechos y se violó la Constitución.
Resulta que es una constancia de fecha 26 de agosto de 2019, expedida por la psicóloga Sandra Concepción Sánchez Guevara, directora general del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la fiscalía general de Veracruz, o sea subordinada de Winckler Ortiz, por lo que no cuenta con validez oficial.
En la “Constancia”, la psicóloga hace constar que Winckler Ortiz Jorge realizó proceso de Evaluación y Control de Confianza con fecha 24 de agosto de 2019, o sea dos días antes de que la presentara ante la prensa, pero eso no es todo, ya que fue obtenido de manera ilícita pues llegó hasta la amenaza para que se lo extendieran.
Esa “Constancia” es patito, toda vez que las evaluaciones de altos mandos de las instituciones de seguridad pública (como Procuradores, Subprocuradores, Fiscales y Fiscales Especiales) deben ser evaluados únicamente en Centros Federales acreditados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es probable que la controversia sea desechada por magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues evidentemente se trata de una constancia que no acredita formalmente la revalidación del certificado de confianza que se requiere para ostentar el cargo de fiscal general del Estado.
Los diputados panistas que promovieron el recurso ante la SCJN podrían incurrir en algún tipo de responsabilidad, pues estarían recurriendo a una controversia constitucional con un documento sin validez, situación que los haría quedar en ridículo.
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