Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder el pasado 1 de diciembre, han sido numerosas las voces que le han solicitado procesar a los anteriores primeros mandatarios del país, particularmente en lo que respecta a Enrique Peña Nieto, presidente saliente.
Lo anterior resulta todo menos fortuito en razón del claro ambiente que caracterizó al proceso electoral federal en el que se dio un amplio rechazo a la corrupción gubernamental que ha existido en México y que se ha evidenciado en tiempos recientes. Adicionalmente, AMLO hizo —y continúa estructurando— su propuesta de gobierno durante su sexenio en torno a un compromiso con la honestidad de la función pública.
Otro de los ingredientes que caracterizarán la administración lopezobradorista —al menos en lo que decisiones personales se refiere— es la de no optar por la persecución de sus antecesores. Esto es, AMLO ha repetido en numerosas ocasiones que “la venganza no es su fuerte”.
A partir de la combinación de los elementos antes descritos, Andrés Manuel ha optado por señalar que en el caso de un posible proceso contra mandatarios anteriores en México, ello sería resultado de que la ciudadanía se pronunciará a favor de llevarlo a cabo.
Es en este sentido que las empresas Opinión Pública, Marketing e Imagen, así como Social Research Solutions, a través del ejercicio demoscópico de AMLOVEmetrics plantearon las siguientes preguntas (con una metodología aleatoria y representativa, a 800 personas, entre el 5 y 6 de enero, con un margen de error del ± 3.4%):
