Observador veracruzano
El fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz recibió otro revés, a unos días de concluir la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares: un juez federal le dio un amparo al ex fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien desde el pasado 17 de junio está preso en el penal de Pacho Viejo, donde le están haciendo compañía otros ex funcionarios duartistas como Gina Domínguez Colío, Arturo Bermúdez Zurita, entre otros. A Bravo se le acusa de desaparición forzada.
La noticia la dio a conocer en sus redes sociales el reportero antiyunista, Marcos Miranda Cogco, quien incluyó en su nota una carta que escribió Luis Ángel Bravo Contreras dirigido al juez XV de distrito del Estado, Jorge Holder Gómez. En la carta, Bravo Contreras le solicita al juez, con fundamento en el Artículo 1 Constitucional, resolver sin mayor dilación el juicio de amparo 648/2018, que fuera promovido por el ex fiscal general del Estado, contra la medida cautelar dictada por la juez de Control Alma Aleida Sosa Jiménez dentro del proceso penal 103/2018 donde se instruye contra Bravo Contreras y otros exfuncionarios de la FGE pot el delito de desaparición forzada de personas en la hipótesis contenido en el artículo 318 inciso a) del Código Penal de Veracruz vigente en la época de los hechos, que sanciona con pena de prisión “(…) a quien sin ser autor o partícipe (del delito de desaparición forzada) incurra en alguna de las conductas relacionadas con este delito conforme a lo siguiente: a) ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos de desaparición forzada de personas o su equiparado”.
En septiembre pasado, el juez Jorge Holder Gómez concedió el amparo a María del Rosario Zamora González, el amparo y protección de la justicia federal en contra del mismo acto reclamado por Bravo Contreras, por lo que constituye un importante antecedente que favorece al ex fiscal general, ya que aquel fallo determinó illegal la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada por la misma Alma Aleida Sosa Jiménez contra Zamora González.
En su manuscrito, Bravo Contreras refiere que existe ilegalidad desde su detención el 17 de junio pasado, pues en ese momento se encontraba protegido por una suspensión provisional concedida a su favor por la juez quinta de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, y en razón de que el delito por el que se le instruye el proceso 103/2018 no amerita prisión preventiva oficiosa, no podía ser privado de su libertad en cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra por petición de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Bravo Contreras marcó copia “para su conocimiento” al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
El también expresidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, solicitó que en vista de las notables violaciones cometidas a sus Derechos Humanos, se ordene su inmediata libertad, al pronunciarse su sentencia que en Derecho proceda, ello con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de México, cuyo contenido impone interesantemente que “en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Este miércoles habrá una audiencia donde se determinará si Bravo Contreras obtiene su libertad o no, pues este amparo le da un cambio radical a su expediente.