Por: Pedro Peña Molina
Hablar de la transparencia como obligación de los gobiernos en nuestro país de es vital importancia. La transparencia y la rendición de cuentas están íntimamente ligadas. La primera es uno de los instrumentos más importantes que tenemos para hacer válida la segunda. No olvidemos que elegimos gobiernos con la obligación de manejarse con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia. No debemos conformarnos con menos. En muchas ocasiones nos quejamos de las condiciones en que se encuentran los servicios públicos – agua, recolección de basura, instituciones educativas, servicios médicos, etc.,- porque nos afectan. Necesariamente la eficiencia o ineficiencia de la administración pública incidirá en nuestra vida. El problema aquí es que el responsable de vigilar que el gobierno cumpla correctamente con sus obligaciones no es un individuo sino una colectividad, por lo tanto, la supervisión se complica. Existen varias formas en que esa colectividad puede supervisar, por un lado, y calificar la actuación de las autoridades. Las califica con su voto en los comicios, el triunfo o derrota de un partido político en las urnas debería ir en función de la percepción ciudadana de los resultados ofrecidos como gobierno.
Las puede supervisar a través de algunos medios directos o indirectos. Indirectos como la representación y los organismos constitucionalmente creados para ello como la Auditoria Superior de la Federación o la Fiscalía anticorrupción, entre otros. Directos como el derecho humano de acceso a la información y su instrumento jurídico por excelencia el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La información con la que cuenta el gobierno es pública y sólo en ciertos casos puede ser clasificada como confidencial o reservada. La clave para hacer efectiva la rendición de cuentas es la vigilancia y el control del poder, este es el medio que tenemos los ciudadanos de evitar malos gobiernos.
De ahí la importancia de los nuevos Lineamientos técnicos generales para la publicación, la homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia emitidos por el INAI a finales del año pasado donde se establece que los sujetos obligados deben hacer público en sus portales de internet información relacionada con “declaraciones patrimoniales y remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, gastos de representación y viáticos, información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, información financiera sobre el presupuesto asignado, deuda pública, montos destinados a gastos de comunicación social y publicidad oficial, resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, padrón de proveedores y contratistas, informes de resultados de las auditorías, entre otros temas.” Sin duda, estos lineamientos, que parten de la premisa de que toda información relacionada con manejo de recursos públicos debe darse a conocer, viene a aclarar el panorama y facilitar el acceso a la información que permita que los ciudadanos podamos conocer en qué están utilizando los recursos públicos nuestros gobiernos. Un pasito más en materia de rendición de cuentas.