Observador veracruzano
Hoy a las 05:00 horas acudió la actuaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado con sede en Boca del Río, a ratificar la demanda de amparo indirecto a “los ilegalmente detenidos” que son el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz, Juan Antonio Pinilla Rodríguez y de seis integrantes más, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El director del Despacho Ordóñez, Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados, afirmó que los siete detenidos el martes por la noche, son acusados por la FGE porque reunían despensas supuestamente con fines electorales, cuando el proceso electoral en Veracruz iniciará hasta noviembre próximo.
Los integrantes del Colegio de Ingenieros pretendían llevar a cabo una acción humanitaria para ir a apoyar a los damnificados por los sismos con sus propios recursos, y la muestra es que ninguna bolsa o la camioneta tiene logos de algún partido político.
“Es una actividad de persona moral, de naturaleza privada, con condiciones legales, establecido y es un actuar indebido de la autoridad el tratar de buscar que tuviera etiquetas de cualquier partido político. Es una acción humanitaria mal y dolosamente interpretada por la Fiscalía General del Estado” explicó.
Refirió que el martes 26 del mes en curso, alrededor de las 23:30 horas se presentó una demanda de amparo ante el Juez Quinto de Distrito con sede en Boca del Río, el cual a las 05:00 de la mañana solicitó a su actuario a que los quejosos ratificarán esta solicitud.
A partir de ese momento la FGE empezó “una campaña de hostigamiento en contra de ellos, les retiraron sus zapatos, les quitaron sus lentes, les retiraron sus pertenencias, obviamente no tenían celulares porque los tienen incomunicados y les han estado diciendo que se declararan, que los iban a declarar, que van a declarar en contra de ellos y en estos momentos siguen en la misma situación”.
El abogado refirió que están en espera del amparo para que el Juez de Distrito conceda la suspensión provisional de los actos y ordene la liberación de los “detenidos ilegalmente”.
“Espero que así lo haga en breve tiempo, en unas dos o tres horas más. La suspensión va a ser en el sentido de que si no hay delito que se les tenga que perseguir los dejen en libertad” indicó.
Ordóñez Solana informó que se violaron las garantías constitucionales de estos ciudadanos y el artículo Séptimo de la Convención sobre los Derechos Universales del Hombre y en el cual está suscrito el gobierno mexicano.
Así también se violó el artículo 1, el 11, 14 y 16 Constitucionales y les siguen la violación al debido proceso que es una garantía al derecho humano, porque los están encausando por un delito que no se puede cometer porque no se vive en Veracruz un proceso electoral, ya que este iniciará en noviembre próximo.
Cabe hacer mención que la FGE a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales cometidos por Servidores Públicos dio inicio a una carpeta de investigación en contra de la directora de Servicios Públicos Municipales del ayuntamiento del puerto de Veracruz, Fabiola Balmori Durazzo, por la probable comisión de un delito electoral, porque supuestamente en su domicilio particular, ubicado en el municipio de Medellín, resguardaba bolsas con despensas, y Antonio Pinilla, presidente del Colegio de Ingenieros es su esposo.
“Fabiola Balmori es funcionaria del municipio de Veracruz, y el lugar donde fueron detenidos es en el municipio de Medellín de Bravo. Ella deja de ser funcionaria en el momento que cruza el límite territorial y se traslada a Medellín de Bravo, ahí ya no es funcionaria pública de Veracruz” finalizó.
Verónica Huerta/AVC