Alcalde de Movimiento Ciudadano del municipio de La Antigua en la mira del gobierno federal y estatal

El gobierno federal de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó un decreto, a través del cual se obliga a todas las instituciones y oficinas públicas a hacer más transparente la Plataforma de Transparencia, en sus respectivas encomiendas, y que sea fácil acceder a esa información para cualquier persona con el objetivo de que el ciudadano pueda enterarse de cuál es el destino de los recursos públicos, así como de todas las acciones y compromisos de los privados con las instituciones públicas.

Esta disposición generará una mayor confianza de la ciudadanía en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y eso le beneficiará electoralmente en los siguientes procesos electorales donde Morena volverá a ser la primera opción para los veracruzanos.

Desafortunadamente en los municipios veracruzanos no se practica la transparencia. Al contrario, hay opacidad pues los alcaldes y sus cuerpos edilicios de cualquier partido político, en su mentalidad retrograda y delincuencial, instrumentan como política institucional mecanismos suficientes para evitar cumplir con las disposiciones de la Ley de Transparencia. En las páginas de Transparencia de los ayuntamientos no hay información sobre nóminas, presupuestos de ingresos y egresos, proveedores, padrón de constructoras, recaudación, reglamentos, padrones de comerciantes, estudios poblacionales, etc.

La reciente publicación del perfil Megamente Durán, en las redes sociales, con respecto a los excesos salariales y el tamaño de la nómina de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento del municipio de La Antigua, es una clara muestra de que las administraciones municipales, sea del partido que sea, llegan al poder para robar. Y lo hacen tan fácilmente porque no hay autoridad con la suficiente honradez y compromiso social que los fiscalice, controle su voracidad, y los denuncie penalmente. Tampoco hay ejemplos de alcaldes que hayan ido a la carcel por robar el presupuesto público que es dinero que le pertenece a los ciudadanos. Las autoridades lo administran, pero no es de ellos.

La actual administración de La Antigua, que preside Venancio Carlos Reyes Bretón, es la que se ha excedido en los parámetros de pillaje y rapiña. Este alcalde inició su administración aumentándole a todos los servicios municipales. Con tarifas más elevadas en la CMAPS, con la complacencia del resto del Cabildo y los representantes ciudadanos en ese organismo. Según comenta Megamente Durán, de acuerdo con datos, sobre CMAPS La Antigua, del Portal Nacional de Transparencia: “La nómina mensual pasó de $1,179,504.32 en marzo a $1,224,958.94 en junio de 2026, un incremento de $45,454.62 cada mes. Eso significa: Primer trimestre: más de $3.54 millones en nómina. Segundo trimestre: más de $3.67 millones. Más de $136 mil pesos adicionales en solo tres meses. Además se incorporaron cinco nuevos integrantes a la Comisión. Diez trabajadores de confianza recibieron incrementos salariales que, según la información pública, van de $2,000 a más de $8,200 mensuales, con aumentos de hasta 62.86%. Y, al mismo tiempo, en abril de 2026 se publicaron nuevas tarifas del servicio de agua potable”.

La CMAPS ha pasado de ser la caja chica del alcalde a ser la caja grande. “El Capo Naranja”, como es conocido este individuo, paga favores y compromisos otorgando plazas laborales a diestra y siniestra, donde se pagan facturas por consumo de alimentos, refacciones de vehículos, y hasta vales de combustibles a los amigos, familiares y funcionarios foráneos.

La plataforma de transparencia, que toda autoridad debe tener actualizada por ley, no es solo un instrumento de información pública de las acciones de los gobiernos. Es también el medio para exigir a la autoridad que los recursos públicos sean aplicados en beneficio de toda la población, no para que el alcalde, su sindica y sus regidores se llenen los bolsillos y cuentas bancarias. Es el medio sustento para que cualquier ciudadano denuncie a los gobiernos que se están robando los dineros del pueblo. No es justo que tengamos un Congreso del Estado, un Órgano de Fiscalización Superior, una diputada local, y una contraloría municipal, que no actúan por omisos y cómplices.

El ciudadano se mantiene en una posición cómoda, en la que no reclama, no cuestiona y se mantiene de rodillas ante el poder, por lo que seguirá pagando las consecuencias de no saber defenderse. Ya no hay organizaciones sociales, medios de comunicación, ni partidos políticos que abanderen las demandas ciudadanas, ya sea por cobardía, por ignorancia, o porque también están recibiendo su moche. Solo del ciudadano depende su defensa y denuncia pública, para protegerse de los delincuentes que se encuentran asaltando las arcas municipales.