¡AHORA QUIERE ADUEÑARSE DE LA CALLE ALREDEDOR DE LA JURISDICCION SANITARIA! ARLETTE SILVA MAGAÑA, OTRA VEZ EN EL OJO DEL HURACÁN.

Trabajadores la acusan de hostigamiento laboral, de obstaculizar operativos y ahora de comportarse como si las vialidades públicas fueran de su propiedad.
Les manda a las gruas de tránsito para que se lleven los autos esto ya ha generado uncluso peleas a golpes por los abusos.

Veracruz, Ver.— La polémica vuelve a rodear a Arlette Silva Magaña, actual supervisora administrativa de la Jurisdicción Sanitaria No. VIII, luego de que integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Región 71, denunciaran públicamente lo que califican como una actitud déspota y autoritaria dentro y fuera de las instalaciones.

Las inconformidades no son nuevas. Desde 2025, trabajadores sindicalizados realizaron protestas y paros de labores para exigir su destitución, señalando presuntos malos tratos, hostigamiento laboral y un ambiente de trabajo que consideraban insostenible.

Ahora, las críticas resurgen por un nuevo motivo: de acuerdo con las denuncias de empleados, la funcionaria estaría concentrando gran parte de su atención en impedir que trabajadores y ciudadanos se estacionen en las calles que rodean la Jurisdicción Sanitaria, colocando señalamientos y vigilando constantemente los espacios públicos.

“Se siente dueña de las calles”, afirmó un trabajador inconforme, quien aseguró que la prioridad de la funcionaria parece ser controlar quién puede estacionarse alrededor del edificio, mientras otros problemas, como vehículos abandonados desde hace años en la zona, permanecen sin atender.

Según el testimonio difundido por los propios trabajadores, la supervisora administrativa habría colocado restricciones que, a juicio del personal, exceden sus atribuciones e incluso podrían representar riesgos para automovilistas.

Los inconformes sostienen que la funcionaria dedica tiempo y recursos a vigilar los vehículos estacionados, mientras aseguran que existen asuntos mucho más importantes dentro de la Jurisdicción Sanitaria que requieren atención inmediata, particularmente aquellos relacionados con la operación de los servicios de salud.

UNA FIGURA QUE YA HABÍA GENERADO POLÉMICA

El nombre de Arlette Silva Magaña no es desconocido en la administración pública.

Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador formó parte del grupo de la Ayudantía Presidencial y posteriormente fue incorporada a Petróleos Mexicanos (Pemex), donde pasó de una subgerencia a ocupar la Gerencia de Contrataciones y Proyectos.

En 2021, diversos medios nacionales publicaron cuestionamientos relacionados con contratos adjudicados durante su gestión en Pemex. En ese momento, el entonces presidente López Obrador salió públicamente en su defensa, destacando que era una ingeniera joven, veracruzana y, según sus palabras, una funcionaria honesta e íntegra.

Tras su salida de PEMEX este es el comentario de alguno de los trabajadores en redes sociales:

“De Pemex la corrieron por lo mismo, es despota e inepta. Nos maltrató hasta que pudo. Por nada nos mandaba a investigación y la consecuencia era suspensiones de 2 hasta 8 días, obvio sin sueldo y quitándote los días de tu antigüedad. Por eso la corrimos de Pemex. No sé quién fue el nefasto que le dio otra vez trabajo en la 4T. No es una representante digna de este movimiento”.

Sin embargo, años después, la historia parece repetirse desde otra trinchera.

EL SINDICATO PIDE SU SALIDA

Las organizaciones sindicales han reiterado que la permanencia de Silva Magaña al frente del área administrativa ha generado conflictos internos que, aseguran, afectan el desempeño del personal y la operación de la dependencia.

Entre las acusaciones hechas públicas por representantes sindicales se encuentran presunto hostigamiento laboral, malos tratos al personal y obstáculos para el desarrollo de actividades operativas en la región.

Hasta el momento, las autoridades estatales de Salud no han informado públicamente sobre alguna resolución definitiva respecto a estas denuncias.

Mientras tanto, la inconformidad entre trabajadores continúa creciendo y ahora suma un nuevo reclamo ciudadano: que ninguna funcionaria, por importante que sea su cargo, puede actuar como si las calles pertenecieran a una oficina gubernamental.

Porque las calles son públicas… no patrimonio de ningún servidor público.