Arantxa Arcos
Los funcionarios públicos que dejarán su cargo ante el entrante Gobierno Estatal deberían ser procesados por el hecho de permitir desapariciones forzadas durante su mandato, aseveró el integrante del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín”, Luis Tapia Olivares.
El abogado detalló que los procedimientos penales se tramitarían por una falta inadecuada de investigación frente a una desaparición forzada por vulnerar el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Deberían ser investigados desde el más alto nivel por una desaparición, por ejemplo si ya había denuncia en el Ministerio Público, si enfrentaban anomalías en la Policía (…) el marco en ese tema desafortunadamente es muy débil, no podría hablar de qué delitos se les puede imputar, sino hablaría de responsabilidades en Derechos Humanos, de responsabilidades políticas hablando de derecho penal, como tal no hay una figura que les pudiera hacer aplicable y eso es muy grave”.
Tapia Olivares lamentó que el marco en el tema de sancionar a funcionarios omisos a sus funciones sea débil para penalizarlos.
Ante ello, evitó desglosar posibles delitos del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, encargados de la tranquilidad y seguridad de los habitantes del estado de Veracruz.
“Hay diferentes responsabilidades que pueden surgir por una desaparición forzada desde el funcionario público que participa activamente, tiene responsabilidad penal, también hay responsabilidad del Ministerio Público que inicia la investigación inmediata por denuncia de desaparición, también hay responsabilidad por cadena de mando, que son funcionarios que permitieron que las condiciones para una desaparición se dieran, por no haber investigado vínculos preexistentes entre el Crimen Organizado y funcionario públicos”.