Descarta Poder Judicial de Veracruz actos discriminatorios contra personal

Alejandro Ávila

Veracruz, Ver.- Cobijado por la discapacidad acusan que el licenciado Lucio Huesca Ballesteros, era beneficiado con privilegios en el Poder Judicial, por lo cual al ser de retirados se viralizó un video donde presuntamente era discriminado.

En un video difundido el pasado 12 de febrero el mencionado acusó le fueron retirados dos oficiales que le apoyaban en su labor, situación que fue negada rotundamente por el Poder Judicial de Veracruz y se aclaró que la discapacidad no es sinónimo de impunidad.

Una revisión de testimonios de personal del Poder Judicial, abogados y documentos internos revela que el conflicto no gira en torno a discriminación, sino a la decisión institucional de poner límites a conductas que durante años habrían sido toleradas dentro del tribunal.

De acuerdo con la información recabada, Huesca Ballesteros habría delegado sistemáticamente sus responsabilidades a personal subordinado, desacatado instrucciones laborales y mantenido prácticas administrativas indebidas, pese a ocupar un cargo con mayor salario y responsabilidad.

Entre los señalamientos más delicados destaca la sustracción de expedientes judiciales fuera de las instalaciones del Poder Judicial sin autorización, una práctica que trabajadores consultados consideran grave por el riesgo de alteración de documentos y posibles actos de corrupción.

Fuentes internas señalan que las medidas implementadas por el magistrado Josué Rodolfo Beristain Cruz buscan garantizar un ambiente laboral libre de violencia, abuso de autoridad y privilegios indebidos, y no constituyen actos de discriminación.

Además, documentos oficiales muestran que el funcionario señalado sí cuenta con personal de apoyo asignado, lo que contradice la narrativa difundida públicamente.

El caso evidencia un problema recurrente en instituciones públicas: la diferencia entre la inclusión legítima de personas con discapacidad y el uso indebido de esa condición para evadir responsabilidades laborales o conservar prácticas que vulneran la legalidad y la ética del servicio público.

Este tema, más allá de lo personal, coloca nuevamente bajo la lupa la necesidad de orden y rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.