Doce años de silencio impuesto: La herida abierta de Gregorio Jiménez

El tiempo tiene una forma cruel de medirse en el sistema judicial mexicano: no se cuenta en días, sino en olvido. Han pasado 12 años desde que la voz de Gregorio “Goyo” Jiménez de la Cruz fue silenciada en Coatzacoalcos, y lo que queda no es solo el vacío de su ausencia, sino el peso asfixiante de una justicia que se niega a llegar.

El laberinto de la impunidad

Doce años es tiempo suficiente para que un niño se convierta en adulto, pero parece no ser suficiente para que el Estado dicte una sentencia definitiva contra quienes planearon y ejecutaron su asesinato. La detención de sospechosos fue, en su momento, una medalla que las autoridades se colgaron rápido; sin embargo, un arresto sin sentencia no es justicia, es solo un paréntesis en la impunidad.
-El letargo judicial: Las tácticas dilatorias y la falta de voluntad política han convertido el expediente de Gregorio en un monumento al polvo.

• El mensaje peligroso: Cada año que pasa sin una condena firme, el sistema envía un mensaje claro: matar a un periodista en Veracruz tiene un costo mínimo, casi inexistente.

Más que una cifra, una verdad incómoda

Gregorio no informaba desde las altas esferas del poder; él recorría las calles, contaba las historias de los desaparecidos y denunciaba la violencia que otros preferían ignorar. Su asesinato fue un intento de cegar a la comunidad, y la falta de sentencia es la continuación de ese crimen por otros medios: los medios del papeleo infinito y la indiferencia institucional.

“La justicia que tarda tanto en llegar, empieza a parecerse demasiado a la injusticia.”

La memoria como resistencia

A doce años, la exigencia no ha cambiado. No pedimos promesas de “llegar hasta las últimas consecuencias”, pedimos que esas consecuencias tengan nombre, apellido y una celda con candado definitivo. La familia de Gregorio y el gremio periodístico no buscan venganza, buscan el cierre que solo la verdad jurídica puede otorgar.
La pluma de Goyo se detuvo en 2014, pero la deuda del Estado Mexicano con su memoria sigue creciendo con intereses que se pagan con la seguridad de cada periodista que hoy sale a la calle a reportar.