FISCALÍA BORRA LA PALABRA “TERRORISMO” PERO MANTIENE EL DELITO IMPUTADO A REPORTERO.

Xalapa, Veracruz, México
26/12/2025
QUE Noticias

La Fiscalía de Veracruz ajusta su discurso evitando colocar la palabra “terrorismo” en un comunicado de prensa que informa del caso del periodista encarcelado en Coatzacoalcos.

El comunicado fechado este 26 de diciembre refiere que a Rafael “N” se le imputan los delitos de encubrimiento por favorecimiento, delitos contra las instituciones de seguridad pública y el previsto en el artículo 311 del Código Penal.

Ese artículo no admite ambigüedades: tipifica el delito de terrorismo, y no subirlo en su comunicado de prensa no elimina el hecho de que a un periodista se le pretende juzgar bajo una de las figuras penales más severas del sistema jurídico estatal.

Ocultar el nombre del delito es, en sí mismo, una confesión. Si la Fiscalía estuviera convencida de la legitimidad de su actuación, no tendría necesidad de suavizar el discurso.

La razón es evidente, las críticas locales y nacionales han sido contundentes; organizaciones, periodistas y analistas han advertido el riesgo que implica aplicar el delito de terrorismo contra un reportero por el ejercicio de su labor informativa.

Ante esa presión, la Fiscalía opta por una maniobra semántica: esconder el nombre del delito sin retirar la acusación.

Esta práctica confirma una forma de conducirse que ya se vuelve recurrente en el gobierno de Rocío Nahle: minimizar el escándalo público sin corregir el abuso de fondo, no se rectifica, no se aclara, no se desiste, solo se maquilla.

Aunque se intente presentar el caso como una actuación “con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos”, lo cierto es que el uso expansivo del derecho penal contra un reportero constituye un exceso de la justicia, una justicia utilizada no para proteger a la sociedad, sino para castigar y disuadir al periodismo crítico.

El problema no es cómo se escribe el boletín, sino lo que se pretende normalizar: que informar pueda convertirse en terrorismo si incomoda al poder.

La palabra puede desaparecer del comunicado pero el delito, la intención y el mensaje al gremio periodístico siguen ahí. Y eso es lo verdaderamente grave.