La Ley General de Aguas fortalece a los municipios y abre la puerta para revisar la concesión al privado que opera el servicio en el puerto de Veracruz: Manuel Huerta

Veracruz, Ver.— El senador por Veracruz, Manuel Huerta, afirmó que la nueva Ley General de Aguas fortalece a los municipios y crea condiciones jurídicas y políticas para revisar, ordenar y, en su caso, corregir la concesión al privado que actualmente opera el servicio de agua potable en el puerto de Veracruz, siempre poniendo por delante el derecho humano al agua de la población.

“En el puerto de Veracruz vamos a ver de qué estamos hechos. Yo espero que la nueva administración municipal, junto con el Congreso local y el gobierno del estado, metan orden en la concesión y en el privado que hoy la tiene. No se trata de pagar indemnizaciones ni de violar la ley; se trata de garantizar operaciones municipales suficientes, ordenadas y transparentes, que aseguren agua de calidad para la gente”, expresó.

El legislador subrayó que durante décadas el agua fue tratada como un negocio, permitiendo que el servicio quedara en manos de intereses particulares, mientras miles de familias padecen escasez, baja presión o mala calidad. “El agua es de la nación, no del concesionario. El control del servicio debe estar al servicio de la ciudadanía, no de quienes han hecho negocio con un derecho básico”, sostuvo.

Huerta explicó que la nueva Ley General de Aguas rompe el mercado de concesiones entre particulares, prohíbe su compraventa y fortalece a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para inspeccionar, sancionar y reasignar volúmenes cuando no se utilicen conforme al interés público.

Recordó que existen antecedentes documentados de mal uso de concesiones, incluyendo títulos otorgados para fines agrarios que han sido utilizados para desarrollos urbanos, industriales o recreativos, mientras a la población del puerto se le restringe el acceso suficiente al agua.

Asimismo, destacó que la ley reconoce a los municipios como la primera línea de atención frente a la problemática hídrica y los dota de herramientas jurídicas para exigir recursos, coordinación y acompañamiento de la Federación y el estado. “Ya no se vale que cuando falte el agua se culpe a los municipios y cuando se trata de apoyarlos se les deje solos”, afirmó.

Finalmente, el senador reiteró que esta reforma no persigue a los usuarios domésticos ni a los pequeños productores, sino al saqueo y la especulación del agua. “Esta ley tiene dedicatoria contra quienes acapararon el agua para hacer negocio. En Veracruz el objetivo es claro: agua suficiente, de calidad y bajo control público para el pueblo”, concluyó.