En plena crisis institucional, el OPLE Veracruz enfrenta su prueba más severa. Esta autoridad, si pretende conservar un mínimo de legitimidad, debe tomar medidas firmes y contundentes que cierren cualquier margen a la sospecha. Apenas hace unas horas, en sesión pública permanente, el Consejo General anunció las medidas para reiniciar los cómputos de la elección judicial. Pero el daño institucional ya está hecho.

En el centro del escándalo emergen dos nombres inseparables del cuestionamiento público: Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, aspirante a magistrado de la sala constitucional que sorpresivamente encabezaba las votaciones en ese rubro al momento del colapso informático, y su esposa, María Fernanda Sánchez Rubio, consejera electoral e integrante de la Comisión Especial de Innovación, justamente la encargada del diseño, operación y supervisión del sistema de cómputo que colapsó.

El conflicto de interés es absoluto y demoledor. No basta que Sánchez Rubio haya buscado excusarse de los actos directos vinculados a su esposo; su posición jerárquica le otorga injerencia directa sobre las áreas operativas responsables de la neutralidad y transparencia del proceso. Su responsabilidad es estructural y las excusas son insuficientes.

La sospecha pública ya no es cuestión de percepciones, sino de hechos concatenados. Veracruz observó cómo el vínculo familiar, el control institucional y el sistema informático se articularon en un intento de manipulación que fracasó, pero que dejó una mancha irreversible sobre la credibilidad del órgano electoral.

Por eso, si al OPLE todavía le interesa preservar lo poco que queda de su credibilidad institucional, Jonathan Máximo Lozano Ordoñez debe renunciar a su candidatura y María Fernanda debe solicitar su sustitución de la Comisión de Innovación. Cualquier eventual triunfo suyo o de cualquier persona vinculada a ella, nacerá viciado de origen y será inevitablemente judicializado, profundizando la crisis de legitimidad del modelo de elección judicial.

Hoy, lamentablemente, la pregunta ya no es quién ganó.

La verdadera pregunta es: ¿quiénes más participaron en la manipulación de la voluntad ciudadana en esta elección judicial de Veracruz?