GOBIERNO SE QUEDA CON EL CONTROL DE LOS AUTOBUSES ULÚA TRAS EL CONFLICTO POR EL AUMENTO DE TARIFAS.

Boca del Río, Veracruz, México
30/01/2026
QUE Noticias

El gobierno de Veracruz asumió el control de los autobuses del sistema Ulúa y tomó el mando directo del transporte público en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, luego de un conflicto que se detonó tras la decisión oficial de autorizar un aumento a la tarifa en Xalapa, pero negarlo en otros municipios, entre ellos Veracruz, lo que inconformó a los concesionarios.

La molestia del sector transportista escaló cuando, pese a la negativa del gobierno estatal a autorizar un incremento en la zona conurbada, algunos concesionarios optaron por aplicar medidas unilaterales y realizar un paro parcial del servicio, afectando a miles de usuarios que dependen del transporte público para trasladarse a sus actividades diarias.

Frente a este escenario, la gobernadora Rocío Nahle García fijó una postura severa y dejó claro que el conflicto no es una lucha de poder, aunque advirtió que, de serlo, el Estado ganaría.

Reiteró que el transporte público no puede utilizarse como mecanismo de presión ni como rehén de intereses particulares y recordó que el incremento autorizado en Xalapa respondió a un análisis técnico que consideró factores inflacionarios acumulados durante más de una década, así como mejoras en el servicio, condiciones que —subrayó— no se replican en Veracruz y Boca del Río, donde la tarifa se mantendrá sin cambios.

“La tarifa se queda como está. No hay ningún aumento”, sostuvo la mandataria, al tiempo que enfatizó que las concesiones existen para prestar un servicio a la ciudadanía y no para privilegiar el negocio privado por encima del interés público.

Ante la entrega de unidades por parte de concesionarios y la persistencia del paro, el gobierno estatal decidió asumir la operación directa del sistema Ulúa, el cual comenzará a funcionar como servicio del Estado con unidades adquiridas con recursos públicos.

La gobernadora advirtió que el Estado no actuará de forma arbitraria, pero tampoco permitirá la interrupción de un servicio esencial. “El respeto es de ida y vuelta”, reiteró, señalando que tanto autoridades como concesionarios deben conducirse con responsabilidad frente a la ciudadanía.

También anunció sanciones severas contra operadores que incurran en actos de prepotencia o maltrato a los usuarios, y defendió la intervención del Estado como una medida de justicia social y de garantía del derecho a la movilidad.

Nahle sostuvo que el gobierno asumirá plenamente su papel como autoridad y que el transporte público en Veracruz no volverá a estar condicionado por presiones.