Abusos y despido injustificado de trabajadores acusan en SEFIPLAN
XALAPA.- Funcionarios y ex trabajadores de la Secretaría de Finanzas y Planeación han alzado la voz para denunciar presuntos abusos de autoridad, despidos injustificados y un preocupante bajo desempeño institucional bajo la gestión de Eugenia Guadalupe Blas Nájera, actual Tesorera adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
Según testimonios recabados, desde que Blas Nájera asumió el cargo, se han registrado múltiples irregularidades que han afectado el ambiente laboral y la operatividad del área. Entre las principales quejas destacan el trato déspota hacia el personal, cambios arbitrarios en funciones sin capacitación, maltrato verbal, intimidaciones, y restricciones a derechos laborales básicos como el acceso a servicios, horarios de comida y salidas al sanitario.
Además, se han reportado presuntas órdenes para realizar acciones fuera del marco legal, como la emisión de órdenes de pago no liberadas oficialmente. Trabajadores que se negaron a cumplir estas instrucciones fueron presionados por personal cercano a la Tesorera hasta presentar su renuncia.
Uno de los casos más señalados involucra a Liliana Andrade Cortés, Secretaria Particular de Blas Nájera, quien ha sido acusada de revisar pertenencias y solicitar dinero a empleados.
Estas prácticas, según los denunciantes, se han normalizado dentro del equipo cercano a la Tesorera, generando un clima de hostigamiento constante.
El bajo rendimiento de la Tesorería también ha sido motivo de preocupación. De acuerdo con fuentes internas, la gestión autoritaria y desorganizada de Blas Nájera ha limitado la colaboración con otras áreas, afectando la eficiencia operativa y generando tensiones institucionales.
Trabajadores activos, ex empleados y personal afectado han solicitado una investigación formal por parte de las autoridades competentes, con el fin de esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes conforme a derecho.
La situación ha encendido alertas dentro del Gobierno del Estado y cuestionan cuál es el objetivo de hostigar a los trabajadores.