Observador veracruzano
A nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional les queremos dar la cordial bienvenida.
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El día de hoy los hemos convocado en ocasión de que una vez más este Congreso nos ha aplicado la “Ley Mordaza”.
El Grupo Legislativo del PRI y sus satélites, están buscando de manera desesperada bloquear la voz de los Diputados del PAN.
Vienen ejerciendo un control de daños que impida a los grupos de oposición, denunciar en la máxima tribuna del Estado, la ola de violencia de la que estamos siendo víctimas, los terribles saqueos que enfrenta el Instituto de Pensiones, el desfalco por más de 600 millones de pesos que realizó el Gobierno del Estado a través de empresas fantasmas y toda la intervención que realiza el aparato del Estado para favorecer al candidato del PRI a la Gubernatura.
El día de ayer, en la Junta de Coordinación Política, se sometió a votación el proyecto de orden del día para hoy, el cual por primera vez en la historia de esta Legislatura y de este Congreso, por mayoriteo del grupo del PRI y de sus satélites, no contendrá pronunciamientos.
Cómo ustedes saben, la agenda política se encuentra presente en todas las sesiones de los cuerpos parlamentarios, es elemental para una cámara legislativa y es sano para la democracia, que se presenten debates políticos al amparo de la inmunidad parlamentaria y la libertad de expresión.
Ustedes deben recordar que en alguna ocasión, en diciembre de 2014, los diputados del PRI casualmente rompieron el quorum cuando el Diputado Julen Rementería hablaba sobre el monto real de la Deuda Pública y el Diputado Fidel Robles, debatía sobre el cambio de formato de la glosa del informe.
Así mismo en la pasada sesión del día 19, se rompió el Quorum antes del pronunciamiento que presentaría el Diputado Jorge Vera. Ante esto, se reagendó el punto para ser presentado durante la sesión del jueves de la semana pasada, junto con un tema de la diputada Ana Cristina Ledezma y otro del Diputado Alejandro Zairick; y nuevamente salieron del recinto, inmediatamente de que ellos terminar de exponer sus pronunciamientos.
Lo hicieron para evitar que ustedes, medios de comunicación de Veracruz, informen a los veracruzanos que los diputados de Acción Nacional el Congreso del Estado, no son ajenos a las exigencias de justicia que demanda el pueblo de Veracruz.
¿Pero qué es lo que no quieren escuchar? ¿Qué no quieren debatir?
En primer lugar, hemos de denunciar públicamente el mal uso del padrón electoral que está realizando el PRI, haciendo llegar correspondencia a domicilios de particulares; es decir, están haciendo uso de datos personales, y deben aclarar como obtuvieron esa información o si están haciendo uso indebido del padrón electoral.
Así mismo, pretenden engañar a los electores veracruzanos, manipulando encuestas de las cuales en su oportunidad, la casa “Berumen y Asociados” y el portal “Al calor político”; se han deslindado y señalando de falsos los contenidos donde supuestamente se encuentra arriba en las encuestas el candidato del PRI, ya lo dijeron estos entes, esa información es falsa.
El PRI ha ordenado la realización de llamadas telefónicas a casas de ciudadanos veracruzanos, para levantarles una supuesta encuesta que no es otra cosa que una estrategia más de la guerra sucia y se insiste una y otra vez en no votar por el candidato de mi Partido Acción Nacional, sosteniendo una cantidad interminables de mentiras y descalificaciones, todas sin sustento. Involucrando a la casa encuestadora “Gabinete de Comunicación Estratégica”, a quien ya acudimos a denunciar penalmente.
Además de la coacción del voto que han realizado funcionarios del programa prospera, ahora, gracias a los medios de comunicación, tuvimos conocimiento de que en esta ciudad, están ofreciendo supuestos apoyos o proyectos de 10 mil pesos a cambio de la credencial para votar, ello también será denunciado, ya que es delito electoral.
Claro que no quieren escuchar esto en tribuna, como tampoco quieren que les exijamos garantías de seguridad de cara a los próximos comicios.
El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, adelantó en tribuna que, conociendo las viejas mañas del PRI, con certeza se incrementarían los actos de violencia al acercarse la fecha de la elección.
Desafortunadamente no nos equivocamos, la madrugada del domingo 22 de mayo, amanecimos con la triste noticia de un multihomicidio en un centro nocturno de esta ciudad capital.
Ese mismo día, se registró un enfrentamiento en Orizaba.
El sábado 21 fue levantado un ciudadano que se encontraba en el interior de una iglesia en el puerto de Veracruz.
El día 25 de este mismo mes, se abandonaron unos cuerpos descuartizados en la zona de Orizaba.
El día de ayer, como todos saben, las oficinas privadas del Presidente del Partido, José Mancha Alarcón, fueron atacadas por un comando armado, prendiendo fuego con gasolina y causando estragos y daños en propiedad privada y en equipos de cómputo, poniendo en riesgo la vida de varias personas y vecinos del lugar.
Desafortunadamente, antes de concluir una investigación, incluso antes de iniciarla, las víctimas son inmediatamente relacionadas con el crimen organizado o bien, no se toman las medidas de seguridad para acordinar el área de los hechos, como ocurrió con el último evento mencionado, donde el desconocimiento del nuevo sistema penal se hizo evidente en los cuerpos de seguridad que supuestamente arribaron a la zona y se retiraron sin acordonar el área, perdiéndose en consecuencia evidencia importante.
Ayer mismo, nos reportaron que en Mixtla de Altamirano secuestraron a 4 personas y varias resultaron golpeadas en los mismos hechos.
Volvemos a llamar la atención del gobierno federal, de las fuerzas militares y de la armada de México, para que protejan a los ciudadanos, para que se garantice su derecho al cambio democrático a través del ejercicio libre del voto directo el próximo cinco de junio.
No confiamos en la Secretaría de Seguridad Pública, no podemos permitir que la seguridad de los comicios esté en manos de ella. Ese día serán operadores del PRI.
Y en este punto me quiero detener, en el tema de operadores del PRI.
Como ustedes saben, el Partido Acción Nacional, implementó una estrategia jurídica que logró desbaratar en tres ocasiones la estrategia de imponer en la secretaría ejecutiva del OPLE a un operador del Gobernador.
El primer revés lo tuvieron con la Acción de Inconstitucionalidad en contra del Código Electoral, donde la Corte nos dio la razón y declaró inconstitucional intención de que la mayoría de este congreso impusiera a un secretario ejecutivo con meta facultades. Les ganamos.
La segunda ocasión, fue echando abajo el nombramiento de Víctor Moctezuma, y a quien prácticamente la Sala Superior del Tribunal Electoral lo declaró persona non grata, por carecer de buena fama pública.
Y lo mismo ocurrió, en una tercera vez, con el último Secretario Ejecutivo Alfredo Roa Morales, a quien también logramos destituir por no garantizar los principios de la función electoral, por su cercanía con el candidato del PRI.
Ahora, sale a la luz un escándalo de corrupción millonario, por más de 645 millones de pesos y que involucra a más de 21 empresas fantasmas.
Sin embargo quiero llamar la atención sobre una persona que está plenamente identificada en el reportaje, y me refiero a la actual Directora Ejecutiva de Administración del OPLE, Zaide del Carmen Zamudio Corro, esta persona fungió entre 2013 y 2015 como jefa de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil, aparentemente ello explica su presencia en el Organismo Electoral del Estado puesto que el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla era Director de Protección Civil antes de llegar al OPLE, probablemente él la invitó, pero hoy se revelan otras posibles intenciones puesto que esta persona fue una de las partes en los 9 contratos que Protección Civil otorgó a 4 empresas por 29 millones de pesos mediante el procedimiento de adjudicación directa para la adquisición de cobertores, despensas, colchonetas y kits de limpieza.
Según consta en el reportaje no hay ninguna lista de beneficiarios de estos apoyos, hoy es más claro que nunca su vínculo con Noemí Guzman Lagunes y con Javier Duarte, y viene entonces a la memoria el contrato que firmó el OPLE con la empresa “Corporativo Zeg, S.A. de C.V.” para capturar las cédulas de apoyo de los candidatos independientes para este proceso electoral.
Como todos saben y como lo ha señalado en sus sentencias el Tribunal Electoral Local, la Sala Regional y la Sala Superior, los resultados de la captura no fueron satisfactorios porque ésta se realizó con muchos errores.
Esta persona: Zaide del Carmen Zamudio Corro, tomó la decisión de contratar a esa empresa sin experiencia, creada apenas el 11 de diciembre del 2015 y registrada el 9 de febrero de este año; y a la que se le asignó su primer contrato por 4 millones de pesos, trece días después, el 22 de febrero de 2016. Eso es tener suerte.
Es claro que la presencia en el OPLE de Zaide del Carmen Zamudio Corro, no garantiza un adecuado uso de los recursos ni una correcta administración, por ello desde exigimos al Presidente del OPLE, la renuncia de la citada funcionaria, la cual hoy es señalada por participar en una red de funcionarios del gobierno que hace contratos con empresas fantasmas.
El día 25 de mayo, se presentan el Secretario de Finanzas y el Contralor General en la cabina de radio del periodista Ciro Gómez Leyva en papel de abogados defensores de estos actos de corrupción, y en lugar de indagar e investigar estos actos administrativos, la recepción de los bienes y la entrega de los mismos a los beneficiarios, inmediatamente justificaban la corrupción.
Así es como en Veracruz se sustancian los procedimientos de responsabilidad.
Sostuvo el Secretario de Finanzas que no tiene facultad para verificar los domicilios de los proveedores, que penosa declaración a nivel nacional.
Yo lo quiero exhortar a que lea la Ley de Adquisiciones para que se entere que en las licitaciones se dan a conocer los fallos por escrito,
¿en dónde?
En el domicilio del proveedor;
Pero como sabemos que ni siquiera hubo licitaciones públicas, ya que recurrieron en la mayoría de los casos a la invitación restringida; dice la Ley de Adquisiciones que en esta modalidad la invitación la hace la dependencia a cuando menos tres proveedores registrados ante ellas
¿cómo?
Por escrito
¿dónde?
Pues obviamente en el domicilio del proveedor a quien se tiene la confianza de invitar a una licitación restringida.
Pero más aún, la obligación de cerciorarse del domicilio de los proveedores, radica en el hecho de que la propia Ley de Adquisiciones señala que en el caso de rescisión de contratos o en el caso de imposición de sanciones a los proveedores, se les debe notificar por escrito a sus domicilios, está claro que en Veracruz se celebran contratos millonarios con proveedores que en el caso de que existieran, no habría modo de cumplir con la ley en estos casos, pues aquí nadie se toma la molestia de verificar si son empresas reales.
No hay que olvidar las controversiales contrataciones de empresas constructoras durante los Juegos Centroamericanos que ya habían estado inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública y aquí fueron contratadas. O el caso Oberdrecht, socio incómodo del Gobierno del Estado cuyo presidente se encuentra en prisión por actos de corrupción en Brasil.
Yo no sé qué hace la Contraloría, además de presumir Códigos de Ética que no valen ni el papel en el que se encuentran impresos.
Dijo el Contralor en la misma entrevista, que él tampoco tiene facultades para verificar los domicilios de los proveedores, pero por el contrario, pareciera que sí tiene facultades para llamarle por teléfono al periodista de “animal político” y reprocharle el resultado de la investigación que los ha puesto en evidencia.
En lugar de andar de abogados del Gobierno, estos dos funcionarios; deberían justificarle a los pensionados, las autorizaciones que han votado a favor, como miembros del Consejo Directivo del IPE, para retirar de la reserva técnica del Instituto y en agravio de los pensionados, más de mil 125 millones de pesos, en los primeros 5 meses del año. Autorizaciones sólo avaladas por la mayoría de servidores públicos del gobierno, porque los representantes de los trabajadores no lo hicieron.
No terminan de saquear al IPE.
El Gobierno del Estado no sólo le debe al IPE los recursos que ha recaudado por concepto de cuotas al IPE, ahora, pretende entregarle bienes públicos para saldar la deuda y entonces ¿dónde está el dinero de las cuotas que nunca llegaron al IPE?
De acuerdo con la Cuenta Pública 2014, de cuando se aprobó esa inconstitucional Ley 287 de Pensiones, los tres fondos de reserva constituían 2 mil 164 millones 369 mil 891 pesos.
Por esa Ley que de nuevo votaron a favor el PRI y sus satélites, se unificaron los fondos de reserva y hoy, ya le queda a los pensionados menos de mil millones. Sus pensiones no están aseguradas.
Podemos cuestionarnos también ¿Dónde están los más de 5 mil millones de pesos del impuesto a la nómina que nunca llegaron al Fideicomiso?, porque Finanzas nunca los transfirió.
¿Dónde están los más de 40 mil millones de pesos de deuda pública que han contratado en los últimos 10 años? ¿En qué obras están invertidos? Nadie lo sabe.
¿Dónde están los 35 mil millones de recursos federales que detectó la Auditoría Superior de la Federación, que fueron desviados a través de la simulación de depósitos bancarios?
El momento para investigar todos estos actos de corrupción, está acerca; por eso los ataques, por eso la Ley Mordaza, por eso el miedo, y la intención de infundir miedo.
Les ofrecemos una disculpa si la conferencia fue extensa, pero la mayoría del PRI nos obliga hacer uso de este espacio, de esta manera, esperando que a través de ustedes, los veracruzanos sean informados de la realidad de su Estado.
Muchas gracias.