La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expuso que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez sí está facultado para proceder ante el mal servicio que brindan los organismos operadores de agua en la conurbación Veracruz-Boca del Río, aunque el mandatario se ha limitado a responsabilizar a los ayuntamientos de no atender las quejas de la ciudadanía.
Al respecto, el organismo nacional acaba de determinar que las autoridades veracruzanas y federales contribuyen a un “deterioro ambiental” en dicha zona metropolitana al solapar el mal servicio del Grupo MAS y la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB).
En su recomendación 119/2024, la Comisión destaca la ineficiente actividad en el tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico y público urbano, lo que está impactando al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y al Área Natural Protegida Arroyo Moreno, así como a los habitantes de la zona.
“Con esa contaminación se ponen en riesgo las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, ya sean superficiales o subterráneas, puesto que, al regresar al medio ambiente, en calidades no aptas se compromete la salud pública en la zona.
“En consecuencia, se desprende que existen descargas de aguas residuales provenientes de usos doméstico, público-urbano en el río Jamapa y sus afluentes hasta el Golfo de México, así como directamente en las ANP indicadas, sin el permiso correspondiente por parte de las autoridades competentes, o bien en franca contravención a la normatividad aplicable”, señala el expediente.
De acuerdo con el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra, la descarga de aguas residuales sin tratar resta calidad a las fuentes de las cuales se extrae el agua para suministro de la población, “parte fundamental del derecho humano al agua esa calidad que se provee para uso doméstico”.
El organismo evidencia que el Instituto Metropolitano de Agua (IMAVER) y la Procuraduría de la Defensa de los Usuarios del Agua (PRODEAGUA) están incumpliendo con la vigilancia respecto al cumplimiento de la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V. (Grupo MAS), añadiendo que la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB) no aporta información “sobre el tratamiento de aguas residuales”.
La recomendación expone omisiones de autoridades federales y estatales, siendo dirigida al Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Germán Arturo Martínez Santoyo y a la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera. También va dirigida al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, al presidente municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, Juan Manuel Unanue Abascal, y al presidente municipal del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade.
La CNDH expone que, si bien la CONAGUA, la PROFEPA y la Procuraduría estatal del Medio Ambiente (PMA) manifestaron haber realizado visitas de inspección en el área de estudio y haber iniciado diversos Procedimientos Administrativos, estas medidas “no han sido suficientes”.
“Las referidas autoridades tienen la obligación de impedir a terceros, ya sean particulares, grupos, empresas o autoridades locales, que contaminan cuerpos de agua, mediante la adopción de un sistema regulador eficaz que prevea una supervisión independiente con participación pública con injerencia de los pobladores de la ZMV (Zona Metropolitana de puerto de Veracruz), la imposición eficaz de sanciones o las medidas correctivas adecuadas”.
La CNDH observó la insuficiencia de medidas de vigilancia y la imposición de medidas sancionatorias por parte de CONAGUA, PROFEPA, IMAVER (Instituto Metropolitano de Agua), ayuntamientos y la Procuraduría Estatal, permitiendo vulneraciones directas a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al agua potable, en perjuicio de la población, así como al medio ambiente como tal, desde una óptica de protección directa de los recursos naturales.
“No se observó la toma de medidas necesarias por parte de las autoridades locales, para controlar la calidad de las aguas en el Estado de Veracruz; aplicar las normas ambientales y en materia de agua previstas tanto en las leyes ambientales y de agua estatales, como en las NOM’s; vigilar el cumplimiento de esa normativa y, en su caso, aplicar las sanciones respectivas, de acuerdo con la normativa aplicable”.
Exponen al Grupo MAS y al CAB
La CNDH expuso que las autoridades en materia ambiental y de regulación de agua local involucradas en el IMAVER, por ejemplo, tienen la obligación de ejercer el control y la prevención de la contaminación por la descarga de aguas residuales, situación que no se observa cien por ciento cumplimentada dada la información que se obtuvo durante la investigación.
De las inspecciones realizadas por el personal de la CNDH junto con personal de CONANP, se pudieron comprobar niveles de contaminación en los distintos puntos donde se recolectaron muestras de aguas residuales, tanto en el puerto de Veracruz como en Boca del Río.
La CNDH destaca que respecto de la vigilancia de descargas de competencia local el Ayuntamiento de Boca del Río informa que los reportes se encuentran bajo resguardo de la concesionaria, de ahí que se está “autorreguando”, mientras que el organismo operador de Veracruz y Medellín no envió respuestas, negando la posibilidad de brindar alguna comunicación oficialmente.
Por su parte, IMAVER informó en diversos informes que es supervisor del título de concesión del Grupo MAS, por lo que se encuentra facultado para imponer sanciones en contra del incumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ley de Aguas y en el título de concesión, pero a la fecha de su último informe no se encontraron sanciones impuestas.
Respecto al ayuntamiento de Medellín expuso que no supervisa el funcionamiento la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Fraccionamiento Arboleda San Ramón, que fue entregada al Grupo MAS en 2022, pues es competencia de la CONAGUA, Secretaría de Salud y Procuraduría estatal, no del municipio.
“Esto, a pesar de que la Ley de Aguas prevé que corresponde al Consejo del Sistema Veracruzano del Agua, proponer la realización de convenios de coordinación entre las instancias federal, estatal o municipal, para solventar problemáticas en la materia de agua, servicio de agua, inspecciones, sanciones, etc.; con pleno respeto a sus atribuciones constitucionales y legales, sin que se haya acreditado ante este Organismo Nacional acción alguna al respecto en la ZMV en ese rubro”.
De la información y evidencias que obran en el expediente, se acreditan violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua potable, saneamiento, participación e información pública en materia ambiental, por parte de las autoridades señaladas.
Sin embargo, respecto del rubro de “cobros excesivos” o “indebidos” en las tarifas del servicio de agua potable que son autorizadas por el Congreso del Estado de Veracruz, no por los organismos operadores propiamente, el Organismo Nacional no se pronunció respecto a dicha situación.
Recomendaciones
La recomendación se realizó luego de que se presentó escrito de queja ante el Organismo Nacional por irregularidades en la prestación del servicio público de agua potable, argumentando cortes del servicio, tarifas de cobro excesivas, así como contaminación de ecosistemas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a varias autoridades para abordar la contaminación ambiental en cuerpos de agua y mejorar la gestión de recursos hídricos en la zona metropolitana de Veracruz (ZMV).
A la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se le recomendó colaborar con otras autoridades en un plan de remediación y prevención de la contaminación de agua, realizando visitas de verificación y enviando reportes de cumplimiento en seis meses.
También se solicitó un inventario exhaustivo de los puntos de descarga en la ZMV, iniciando procesos administrativos en caso de irregularidades, y presentar denuncias contra funcionarios que hayan cometido faltas. Además, se propuso un curso de derechos humanos enfocado en el agua potable y la participación pública para el personal de CONAGUA, y la designación de un enlace de alto nivel para el seguimiento de estas recomendaciones.
A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se le instó a concluir rápidamente los procedimientos administrativos pendientes y participar activamente en el plan de remediación. También se recomendó impartir un curso de derechos humanos relacionado con el agua potable y saneamiento para su personal en Xalapa y la ZMV, así como presentar denuncias contra servidores públicos que hayan cometido irregularidades.
El Gobernador de Veracruz recibió recomendaciones para desarrollar un plan interinstitucional de remediación y prevención, realizar la toma de muestras en puntos de descarga, acelerar procedimientos administrativos contra los responsables de la contaminación y regularizar permisos de extracción y descarga de agua.
También se sugirió estudiar la posibilidad de elevar las tarifas de los servicios de agua y mejorar la conexión de usuarios domésticos a la red de drenaje. Además, se recomendó un informe sobre los impactos del cambio climático en la ZMV y la designación de un enlace de alto nivel para el seguimiento de estas recomendaciones.
El Ayuntamiento de Veracruz fue aconsejado a realizar campañas de concientización sobre el pago de servicios públicos de agua, regularizar el padrón de usuarios y mejorar la transparencia en la publicación de información sobre el servicio de agua potable y saneamiento. También se recomendó vigilar la conexión de usuarios domésticos a la red de drenaje y estudiar la posibilidad de instalar medidores de consumo de agua.
El Ayuntamiento de Boca del Río recibió recomendaciones similares para concientizar a la población sobre el pago de servicios de agua, regularizar el padrón de usuarios y mejorar la publicación de información sobre el servicio de agua. Además, se sugirió implementar medidas para monitorear el consumo de agua y vincular a la sociedad civil en la mitigación de la contaminación ambiental.
Finalmente, al Ayuntamiento de Medellín se le recomendó participar en el plan interinstitucional de remediación, instalar medidores de caudal de agua y vigilar la conexión de usuarios domésticos a la red de drenaje.
Fuente: Al calor político