El doctor Gilberto Farías Morales, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, AC, emitió su postura sobre la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, la cual según el Instituto Nacional Electoral tendrá un costo aproximado a los 8 mil millones de pesos.
“Si hay delitos y si se tienen pruebas se debe proceder y no esperar a que con una consulta popular se exija al gobierno cumpla con su función, pues no es válido que sin atender a los principios constitucionales se exponga públicamente a alguien como responsable de un hecho delictivo”, comentó en una carta que se difundió en redes sociales el doctor Gilberto Farías Morales.
El doctor en Derecho recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 21 párrafo primero y segundo establece que la investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo las condiciones y mando de aquel en el ejercicio de esta función.
Agregó que el órgano jurisdiccional es el encargado de la impartición de justicia, de aplicar la ley al caso concreto, esto conforme al artículo 17 párrafo primero y segundo de nuestra Carta Magna.
“Las funciones de investigar, acusar y juzgar en el proceso penal recaen en las siguientes autoridades: la que investiga (la policía), la que acusa (Ministerio Público), y la que juzga la culpabilidad o inocencia del acusado y quien establece la pena (el juez).