Exigen paridad, pero no la cumplen: cuestionan a diputada y alcaldes del corredor naranja de MC

**Señalan incumplimiento de paridad en elección de agentes municipales en corredor naranja

**Iniciativa de género en entredicho tras resultados en Úrsulo Galván y La Antigua

La iniciativa de paridad de género impulsada desde el Congreso del Estado de Veracruz por la diputada local de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina, está en entredicho porque Úrsulo Galván y La Antigua, dos municipios gobernados por Movimiento Ciudadano, no cumplieron con este principio en la elección de agentes y subagentes municipales.

La legisladora promovió la incorporación de la perspectiva de género en la designación de autoridades locales; pero en la práctica, los resultados en municipios como Úrsulo Galván y La Antigua evidencian un bajo nivel de representación femenina.

En Paso de Ovejas, Córdova Molina fue cuestionada por medios de comunicación sobre el incumplimiento de paridad en la elección de agentes municipales ya que ambos municipios son encabezados por alcaldes de Movimiento Ciudadano: Bertín Bravo Montero, en Úrsulo Galván y Carlos Reyes Bretón en La Antigua.

En julio de 2025, la diputada impulsó una reforma al artículo 171 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, con el objetivo de garantizar una participación equitativa del 50 por ciento entre hombres y mujeres en estos cargos.

En La Antigua, solo una mujer resultó electa de un total de 10 comunidades, mientras que en Úrsulo Galván se registró una mujer ganadora de 20 comunidades, lo que ha sido señalado como un incumplimiento al principio de igualdad sustantiva.

“Tenemos que vernos presentes las mujeres en todos los espacios; hay mecanismos que deben cumplirse”, comentó Elena Córdova.

El contraste, en municipios como Puente Nacional y Emiliano Zapata, las Juntas Municipales Electorales aplicaron criterios de paridad desde la convocatoria, definiendo candidaturas encabezadas por mujeres para garantizar equilibrio en la representación.

En Úrsulo Galván y La Antigua la convocatoria establecía la participación igualitaria del 50 por ciento, pero no se implementaron mecanismos efectivos para asegurar el cumplimiento de este principio, lo que derivó en resultados desiguales.