Hay carpetas de investigación en contra de gente que tiene tomado el palacio de Amatlán

Por mantener tomado el Palacio Municipal de Amatlán, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giaddans, confirmó que abrieron carpetas de investigación en contra de pobladores.

La funcionaria dijo que hay al menos 17 pobladores quienes fueron denunciados por las autoridades municipales.

“Efectivamente hay denuncias interpuestas, se iniciaron carpetas de investigación y conforme a derecho serán atendidos. Se están atendiendo conforme a derecho, se hacen las diligencias, por secrecía no puedo compartir más. Interponen una denuncia y se están validando qué delitos puedan tipificarse para llevarse a cabo la investigación” dijo.

La misma Verónica Hernández fue cuestionada sobre la posibilidad de realizar un desalojo de los manifestantes, tema, que no descartó.

“Vamos a esperar qué resuelta de la investigación y procederemos conforme a derecho”, afirmó.

Los pobladores mantienen la toma del Palacio Municipal de Amatlán de los Reyes en protesta por la construcción del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en el lugar.

Al respecto, han señalado que la contaminación afectará más a los ciudadanos de Amatlán de los Reyes que viven cerca de donde se planea ejecutar el proyecto, pues también hay escuelas cerca.

Por lo que exigen a las autoridades de Córdoba y Amatlán echar abajo ese proyecto que más que beneficiar sólo representa un riesgo de contaminación ambiental y un foco de infección sanitaria para quienes habitan en los alrededores, por lo que insisten no permitirán que el proyecto se ejecute.

La movilización inició desde la semana anterior, cuando un grupo de vecinos se presentó en la casa del presidente municipal de Amatlán de los Reyes, Arturo Figueroa Castro para pedirle una explicación y al no tener respuesta decidieron dejar bolsas con basura en el acceso para después trasladarse al palacio donde también depositaron basura y tomaron el edificio.

Los inconformes han dicho que no van a retirarse hasta qué no haya la certeza de que el proyecto se echará abajo o se reubicará a otra zona donde no afecte la salud de la población y sus familias.

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