El Plan B de la reforma electoral, aprobado por la Cámara de Senadores en días pasados nuestra democracia está ante el mayor riesgo que podamos imaginar, pues acabarían con los cimientos democráticos y ahondarán las desigualdades entre los mexicanos, por lo que se exige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atiendan sin dilación el llamado ciudadano a cumplir con su deber y protejan la Constitución.
Lo anterior fue señalado por Adriana Franco Sampayo y Ana Laura Pérez Mendoza, representantes de Misión Rescate México y de Poder Ciudadano, respectivamente, quienes demandaron a los ministros de la corte, escuchar la conciencia y la decisión del pueblo de México, por la libertad, por las garantías constitucionales que permiten la convivencia pacífica entre los mexicanos.
Al hablar en nombre de las y los ciudadanos y de las organizaciones convocantes a la movilización en defensa del voto y del Instituto Nacional Electoral (INE) durante el mitin efectuado en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada de esta ciudad, luego de la marcha que partió del Teatro del Estado, en la que participaron ciento de ciudadanos, advirtieron del peligro en que se encuentran los derechos y libertades de las y los ciudadanos con dicha reforma.
“Lo sabemos bien: sin elecciones libres y resultados confiables no habrá espacio para otras causas ni demandas”, resaltó Pérez Mendoza, para luego referir que estas reformas distinguen entre mexicanos, ahondan las desigualdades.
Estas reformas, dijo, no fueron producto del consenso político, “no obedecen a necesidades sociales ni políticas. El único argumento ha sido “el ahorro”. Sin diagnóstico ni cifras precisas, ese ahorro no solo significa otro austericidio más, sino el peor atentado al ejercicio de nuestros derechos políticos y a los anhelos de igualdad y justicia que mantenemos”.
Ante la presencia de cientos de ciudadanos que pintaron de rosa y blanco el primer cuadro del centro capitalino, la representante de Poder Ciudadano recalcó que el Senado de la República votó el único artículo pendiente de esas reformas y con ello soltó la guillotina que destaza al INE.
“En cuanto el paquete legal sea publicado en el Diario Oficial de la Federación iniciará el mayor desafío que haya conocido nunca el Poder Judicial”, subrayó.
En ese tenor, señaló que las instituciones públicas, los partidos políticos, estados y municipios, harán uso de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Organizaciones civiles y ciudadanía acompañaremos estos recursos como amigos de la Corte y nos movilizaremos en todo el país para presentar y acompañar todos los demás instrumentos legales a nuestro alcance.
“Estamos decididas y decididos, no cejaremos. Confiamos en las y en los ministros, magistrados y jueces que tendrán bajo su responsabilidad las decisiones más importantes para el presente y el futuro de nuestro país. Esperamos que atiendan sin dilación el llamado ciudadano a cumplir con su deber y protejan la Constitución. Hoy, también, la independencia y fortaleza del Poder Judicial están presentes en el alma de millones de nosotros, las y los demócratas de México”, abundó.
En su intervención, Franco Sampayo mencionó que con la movilización del pasado 13 de noviembre del 2022, se evitó la pretendida reforma constitucional que nulificaría al INE, para someternos y como no se logró, pretenden ahora aprobar el llamado Plan B, utilizando el presidente, palabras que insultan el estado social y denigran la investidura presidencial.
Por ello, dijo, instrumentan cambios legislativos hechos al vapor y con total desaseo y sin el acuerdo de las demás fuerzas políticas y sociales, violando flagrantemente la Constitución y comprometiendo las garantías de nuestro derecho al voto, deteriorando la certeza en las elecciones federales, estatales y municipales, para el 2024, en nuestro país.
“En lugar de instrumentar el diálogo y la unidad, el presidente se aferra a no escuchar. Tomó el deseo ciudadano de la marcha pasada, como una afrenta personal, y manipuló el aparato de Estado para demostrar que él podía movilizar a más personas, utilizando recursos públicos”, añadió.
Ante el impedimento que le pusimos los ciudadanos de modificar la Carta Magna, pasó como es su costumbre, sobre ella, proponiendo una legislación secundaria, pensando que puede conseguir los cuatro votos que necesita en la Corte para impedir su invalidez, afirmó.
Mencionó que estas acciones del actual gobierno, contrarias a la Constitución y al Derecho Humano, colocan en alto riesgo el derecho de elegir a los gobernantes y a los representantes con elecciones transparentes, equitativas y confiables. Es absurdo, que se pretenda favorecer la inequidad con la participación de funcionarios públicos en las campañas, esta propuesta, es una deplorable irresponsabilidad.
Y para evitar ese despropósito, indicó, nos hemos vuelto a convocar, ahora para manifestarlo en el Zócalo de la Ciudad de México y en decenas de plazas a lo largo y ancho de la República y de las embajadas. La batalla continuará por la Democracia y la Libertad, defendiendo cada voto, para vencer la obsesión del poder en turno, señaló por último.